Documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein invirtió millones de dólares en bonos petroleros venezolanos emitidos por Petróleos de Venezuela, con la asesoría directa del empresario Francisco D’Agostino, actualmente buscado en Venezuela por delitos de lavado de dinero y asociación para delinquir. Con información de OCCRP
Correos electrónicos incluidos en los archivos judiciales muestran que D’Agostino orientó a Epstein en la compra de títulos de deuda de la estatal petrolera a partir de 2012. En total, Epstein adquirió al menos 4.5 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2015, en un período marcado por el colapso de los ingresos petroleros de Venezuela, el deterioro operativo de PDVSA y el avance de redes de corrupción dentro de la industria.
La relación entre ambos no se habría iniciado en entornos financieros formales. Según los correos, D’Agostino visitó la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses, Little Saint James, un lugar central en las acusaciones de tráfico sexual que posteriormente rodearon al magnate. En mensajes enviados en octubre de 2012, D’Agostino describió su estadía como “muy divertida” y expresó su interés en explorar oportunidades de negocios conjuntas, sugiriendo el inicio de una relación personal y comercial.
D’Agostino acumula 759 resultados en el motor de búsqueda del expediente del caso Epstein
En ese mismo intercambio, D’Agostino propuso organizar reuniones en Caracas y dejó entrever un acceso privilegiado a la élite política y económica venezolana. Entre las figuras que sugirió presentar a Epstein figuraba Baldo Sansó, asesor financiero de PDVSA y cuñado de Rafael Ramírez, entonces presidente de la petrolera estatal. Epstein optó por esperar el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2012 antes de concretar un eventual viaje a Venezuela.
Tras la reelección de Hugo Chávez, Epstein respondió escuetamente “Genial”, según consta en un correo. En diciembre de ese año, D’Agostino mantuvo informado a Epstein sobre el deterioro de la salud del mandatario y llegó a anticipar un escenario de transición política, sugiriendo que un dirigente del chavismo “menos radical” podría imponerse en eventuales elecciones.
Durante los años siguientes, Epstein amplió su exposición al sector petrolero venezolano mediante nuevas compras directas de bonos de PDVSA, justo cuando la industria entraba en una fase de profundo declive. Entre 2014 y 2015, los ingresos petroleros del país cayeron cerca de 40 %, mientras la corrupción interna y la caída de la producción golpeaban severamente a la estatal. En 2019, Estados Unidos impuso sanciones al conjunto del sector petrolero venezolano.
Ese mismo año, Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual y posteriormente hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York, en una muerte oficialmente declarada suicidio. Se había declarado inocente y enfrentaba acusaciones por presuntos abusos contra decenas de menores.
Tras la muerte de Epstein, el escrutinio sobre D’Agostino se intensificó. En los correos también aparece mencionado Alejandro Betancourt López, a quien D’Agostino identificaba como su socio y a quien propuso presentar a Epstein. Betancourt es cofundador de Derwick Associates, empresa señalada por haber recibido contratos energéticos sin licitación y por presuntos sobreprecios millonarios, acusaciones que él ha negado.
Múltiples demandas civiles en Estados Unidos señalaron a D’Agostino como una figura relevante en el entramado de Derwick, aunque ninguna derivó en condenas penales. En 2021, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a D’Agostino por presuntos vínculos con una red destinada a evadir las sanciones al sector petrolero venezolano, sanción de la que fue retirado el año pasado.
Más recientemente, D’Agostino fue detenido en Europa tras una orden internacional emitida por Venezuela, donde es acusado de lavado de dinero y asociación delictiva. Fue arrestado cuando intentaba cruzar la frontera entre Italia y Francia, pero quedó en libertad luego de que tribunales italianos consideraran que su extradición implicaría un riesgo de tratos inhumanos o degradantes.
La información fue verificada por el equipo de fact-checking del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y se basa en documentos oficiales incorporados a los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
