Cientos de millones de dólares recaudados por Estados Unidos a través de la venta de petróleo venezolano no están ingresando directamente al sistema financiero estadounidense ni a Venezuela, sino que están siendo canalizados a Catar, en una maniobra que, aunque busca sortear sanciones y reclamos judiciales, ha encendido alertas por la falta de transparencia y el riesgo de corrupción. Con información de CNN.
La administración de Donald Trump confirmó esta semana la primera venta de crudo venezolano, con una recaudación inicial de 500 millones de dólares. Según funcionarios estadounidenses, esta operación es apenas la primera de una serie de ventas que podrían generar miles de millones de dólares en los próximos meses e incluso años.
De acuerdo con un exfuncionario de la administración familiarizado con el proceso, los fondos fueron enviados a Catar en lugar de depositarse en bancos estadounidenses o transferirse directamente a Venezuela. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró en declaraciones a Newsmax que el dinero comenzaría a fluir hacia Venezuela al día siguiente. Fuentes del sistema financiero venezolano confirmaron que bancos locales ya comenzaron a anunciar la disponibilidad de efectivo, lo que sugiere que los ingresos petroleros habrían empezado a ingresar al país.
Durante años, Venezuela ha estado prácticamente aislada del sistema bancario internacional debido a sanciones occidentales. A ello se suma un largo historial de apropiación de activos petroleros y disputas legales con compañías energéticas extranjeras que reclaman compensaciones. El propio Trump ha denunciado reiteradamente que Venezuela “roba” activos petroleros estadounidenses, aunque al mismo tiempo ha insistido en que las ganancias de estas ventas deben beneficiar directamente al país y no quedar atrapadas por acreedores internacionales.
Para blindar el flujo de fondos, Trump firmó una orden ejecutiva el viernes que bloquea cualquier intento de imponer gravámenes, embargos o sentencias judiciales sobre estos recursos. El texto advierte que si los fondos no estuvieran libres de esas complicaciones legales, “interferirían sustancialmente con nuestros esfuerzos cruciales para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”.
En ese contexto, ubicar el dinero en cuentas en Catar —potencialmente fuera del alcance de acreedores occidentales— se presenta como una solución funcional para los objetivos de la Casa Blanca.
Catar como intermediario financiero
Expertos consultados señalan que Catar ha desempeñado durante años un rol de intermediario entre Washington y Caracas, incluso antes de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. También recuerdan que, durante la administración Biden, bancos cataríes cumplieron una función similar al canalizar fondos procedentes de ventas de petróleo iraní tras una flexibilización parcial de sanciones.
Según Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, los bancos cataríes que resguardan los fondos han recibido instrucciones de subastarlos a bancos venezolanos, priorizando importaciones de alimentos, medicamentos y financiamiento a pequeñas empresas. El dinero sería recaudado por el Banco Central de Venezuela y asignado bajo condiciones fijadas por Estados Unidos.
Bessent afirmó que los recursos financiarán operaciones del gobierno venezolano, seguridad y suministro de alimentos. La Casa Blanca, sin embargo, evitó responder directamente por qué los fondos transitan primero por Catar. Un funcionario estadounidense se limitó a señalar que Venezuela ha estado aislada de la banca internacional durante años y que la administración “está revisando los parámetros y restricciones legales vigentes”.
Alertas por falta de controles
Pese a la orden ejecutiva de Trump, expertos advierten que trasladar el dinero fuera del sistema estadounidense no solo evita litigios, sino que reduce la trazabilidad y los controles sobre su uso final.
“A menos que exista un plan público que detalle quién controla estos fondos y qué mecanismos anticorrupción y antilavado se aplicarán, esto se está creando como un fondo para sobornos”, advirtió un especialista en política exterior y Venezuela que pidió anonimato. “Es extremadamente preocupante”.
El temor no es que Washington utilice el dinero con fines ilícitos, sino que la presidenta interina Delcy Rodríguez pueda emplear los recursos que regresen a Venezuela para mantener redes de corrupción, incluidos sobornos a estructuras del Estado, grupos armados y organizaciones criminales, con el fin de conservar el control político.
Las críticas también han llegado desde el Congreso estadounidense. La senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó duramente la decisión, señalando que “no existe base legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados”. A su juicio, se trata de una medida “propia de un político corrupto”.
