Cuando Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó a Delcy Rodríguez como la figura llamada a estabilizar Venezuela tras años de corrupción, colapso institucional y economía devastada. Lo que no dijo entonces es que, desde hace años, Rodríguez figura en el radar de la Administración de Control de Drogas (DEA) como una persona de alto interés. Con información de Associated Press.
Documentos internos y testimonios de funcionarios estadounidenses obtenidos por Associated Press revelan que la DEA clasificó a Rodríguez en 2022 como “objetivo prioritario”, una categoría reservada para sospechosos que, según la agencia, tienen un impacto significativo en el tráfico de drogas u otras actividades criminales transnacionales. La agencia ha reunido desde al menos 2018 un archivo de inteligencia que incluye presuntos vínculos con narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero.
Según los registros, un informante confidencial indicó en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la isla de Margarita como fachada para operaciones de lavado. Más recientemente, fue vinculada al empresario colombiano Alex Saab, señalado por Washington como intermediario clave del círculo de Maduro y arrestado en 2020 por lavado de dinero.
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado cargos formales contra Rodríguez. Tampoco figura entre la docena de altos funcionarios del régimen acusados junto a Maduro. Sin embargo, su nombre aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA activas o cerradas, desarrolladas por oficinas que van desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York.
Tres agentes actuales y retirados de la DEA confirmaron a la AP que el interés en Rodríguez fue sostenido durante todo su período como vicepresidenta, iniciado en 2018. No obstante, los documentos no explican con claridad qué motivó su ascenso al estatus de “objetivo prioritario”, una decisión que exige justificar la asignación de recursos extraordinarios.
El exfiscal federal Kurt Lunkenheimer, con experiencia en casos venezolanos, advirtió que existe una diferencia clave entre ser un objetivo de alto interés y contar con pruebas suficientes para una acusación penal. “Cuando la gente empieza a hablar de ti en ese nivel, ya estás bajo una lupa distinta”, señaló.
Ni el Ministerio de Comunicación del régimen venezolano, ni la DEA ni el Departamento de Justicia respondieron a solicitudes de comentarios. La Casa Blanca remitió a declaraciones previas de Trump, quien dijo haber tenido una “muy buena conversación” con Rodríguez poco antes de que ella se reuniera en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.
Tras la captura de Maduro, Trump no solo elogió públicamente a Rodríguez, sino que mantuvo contactos frecuentes con ella y con altos funcionarios en Washington, incluido el secretario de Estado Marco Rubio. Para analistas, esta contradicción revela la complejidad —y el riesgo— de la estrategia estadounidense.
“El régimen venezolano es un sistema híbrido-criminal”, afirmó Steve Dudley, codirector de InSight Crime. “La única manera de llegar a la cima es facilitando actividades criminales. No es una falla del sistema: es el sistema”.
Una visión compartida por la líder opositora María Corina Machado, quien aseguró que las autoridades estadounidenses cuentan con información suficiente sobre Rodríguez y que su perfil es “bastante claro”.
Rodríguez, de 56 años, ascendió como operadora clave de Maduro y, pese a su discurso antiestadounidense, intentó durante el primer mandato de Trump atraer inversiones norteamericanas, contratando cabilderos cercanos al entonces presidente e incluso ordenando a PDVSA una donación de 500.000 dólares para su comité inaugural. Esa estrategia fracasó cuando Washington endureció su postura y la sancionó en 2018 por su papel en la consolidación del poder autoritario, sanciones que luego replicó la Unión Europea.
Las investigaciones de la DEA también examinan su posible vinculación con contratos adjudicados a Saab —indagaciones que continúan incluso después de que Joe Biden lo indultara en 2023— y con presuntos acuerdos irregulares relacionados con Omar Nassif-Sruji, cercano a su entorno personal.
En conjunto, los expedientes reflejan cómo se ha ejercido el poder en un país que Transparencia Internacional ubica entre los más corruptos del mundo. Para Rodríguez, el mensaje es claro: su rol como interlocutora de Washington convive con una espada de Damocles judicial.
“El simple hecho de liderar durante más de una década un régimen profundamente corrupto hace lógico que sea un objetivo prioritario”, explicó David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane. “Eso le da a Estados Unidos una enorme palanca de presión. Si no se alinea, sabe que podría enfrentar una acusación como la de Maduro”.
