Bajo el mando político de Delcy Rodríguez, el régimen venezolano activó un sistema de concesiones petroleras que permitió incorporar socios privados al negocio del crudo sin los niveles mínimos de transparencia exigidos en una concesión ordinaria. Entre los beneficiarios figura Alejandro Betancourt, dueño de la marca de gafas Hawkers, quien obtuvo contratos de extracción a través de la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), registrada en Barbados. Con información The Objective.
El esquema fue puesto en marcha tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y el posterior nombramiento de Rodríguez como ministra de Petróleos e Hidrocarburos. A partir de entonces, Venezuela comenzó a adjudicar Contratos de Participación Productiva, una figura contractual sin registro público accesible, que impide conocer cuántos acuerdos se firmaron, con qué empresas y bajo qué condiciones económicas. La reconstrucción del sistema solo ha sido posible a partir de documentos indirectos, filtraciones y trabajos de investigación.
Según documentación obtenida por The Objective, el chavismo habría favorecido al menos a 16 empresas mediante este mecanismo, aunque solo se conoce el nombre de una parte. En ese grupo aparece Betancourt, señalado como uno de los llamados bolichicos: jóvenes empresarios que amasaron fortunas al calor de sus vínculos con el poder. Su entrada al negocio petrolero se produjo a través de Nabep, sociedad que comparte con el magnate estadounidense Harry Sargeant III.
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo
La trayectoria de Betancourt en el sector energético venezolano se remonta a la era de Hugo Chávez. Con apenas 30 años, y mediante Derwick Associates, obtuvo 12 de los 14 grandes contratos eléctricos adjudicados durante ese periodo. De acuerdo con Transparencia Venezuela en el Exilio, esos contratos habrían generado sobreprecios cercanos a los 2.900 millones de dólares.
La empresa Nabep fue creada en 2024 y firmó contratos con PDVSA dentro del sistema diseñado por Rodríguez. Incluso utilizó en Caracas las mismas oficinas que antes ocupó Derwick Associates, según reveló Armando.info. El atractivo central de estos acuerdos no era solo la producción, sino la comercialización del crudo, el tramo más sensible del negocio petrolero y donde se concentran las mayores intermediaciones.
El contrato contó con la firma del entonces presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, posteriormente encarcelado por corrupción. El acuerdo habilitaba operaciones en Petrozamora, empresa mixta encargada de explotar campos en el estado Zulia. Informes de Transparencia Venezuela indican que Betancourt habría intervenido directamente en la venta del petróleo mediante un acuerdo confidencial firmado en abril de 2024.
En paralelo, Betancourt mantuvo vínculos empresariales con el español Alberto Cortina en BDK Financial Group, con sede en Luxemburgo. Este nexo cobra relevancia tras las declaraciones del exministro de Petróleos Rafael Ramírez, quien aseguró en 2018 que José Luis Rodríguez Zapatero habría mediado para otorgar contratos petroleros a empresarios españoles.
El dueño de Hawkers también enfrenta problemas con la justicia española. El magistrado Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga una presunta red de blanqueo de capitales procedentes de PDVSA. Betancourt figura entre los imputados y fue interrogado en Reino Unido, donde la extradición quedó en suspenso.
Pedraz solicitó además a Venezuela confirmar si las causas abiertas contra Betancourt fueron archivadas, tras la declaración del empresario de que la justicia venezolana lo habría exonerado. El juez intenta determinar si esa afirmación es falsa. En el mismo entramado de Contratos de Participación Productiva aparecen otras sociedades registradas en España, como Territorio Trading Group, lo que refuerza las sospechas sobre un sistema diseñado para mover petróleo y capitales fuera de cualquier control público.
