Según una investigación publicada por La Gran Aldea y escrita por Milagros Socorro, el régimen venezolano aprovechó la Nochebuena de 2025 para ejecutar, en silencio, la mayor operación de captura y fusión de datos civiles de su historia reciente. Entre el 24 y el 26 de diciembre se unificaron en un solo nodo centralizado las bases del SAIME, la banca pública y el Sistema Patria, creando una arquitectura de control total sobre la identidad ciudadana.
La operación dejó rastros técnicos: portales oficiales inusualmente lentos el 25 de diciembre, reindexaciones masivas de servidores y movimientos coordinados de millones de registros. No fue mantenimiento rutinario, sino una migración diseñada para pasar desapercibida durante el asueto navideño, mientras la narrativa oficial se concentraba en celebraciones y propaganda.
Con esta nueva estructura, el Estado adquiere la capacidad de ejecutar un “borrado civil” automático. Ya no se trata de listas punitivas como la antigua Lista Tascón, sino de un interruptor digital que puede inhabilitar a un ciudadano sin jueces ni expedientes, bloqueando su acceso a identidad, banca, servicios básicos o trámites administrativos desde un solo tablero de control.
Uno de los puntos más sensibles es la integración de la banca pública con sistemas de geolocalización. Cada transacción puede registrar IMEI y coordenadas GPS, convirtiendo el consumo cotidiano en una forma de vigilancia permanente. Para la diáspora, esto abre la puerta a bloqueos selectivos de cuentas, pasaportes o propiedades si el algoritmo detecta “inconsistencias” o ausencia prolongada del país.
La llamada Bóveda de Cristal no es solo un repositorio de datos, sino una herramienta activa de intervención y castigo. En esta nueva etapa, advierte la investigación, la pérdida de libertad ya no ocurre únicamente en cárceles o tribunales, sino en los servidores: el régimen ya no necesita seguir al ciudadano, porque opera desde dentro de su identidad digital.
