La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) puso en marcha un operativo especial para rastrear dinero vinculado al narcotráfico y otras economías criminales que estaría circulando a través de financieras no bancarias en Estados Unidos, con especial foco en entidades que operan en la frontera suroeste del país.
La ofensiva se apoya en el análisis masivo de información financiera recabada bajo la Ley de Secreto Bancario, incluyendo más de un millón de reportes de transacciones en efectivo (CTR) y decenas de miles de reportes de actividades sospechosas (SAR). A partir de ese cruce de datos, FinCEN busca identificar patrones, vínculos y estructuras que permitan reconstruir rutas de lavado de dinero utilizadas por organizaciones criminales, particularmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas.
El operativo apunta a empresas de servicios monetarios —como transmisores de dinero, casas de cambio y plataformas de pagos— que, sin ser bancos, manejan grandes volúmenes de efectivo y transferencias. Según las autoridades, estas entidades representan un riesgo elevado cuando presentan fallas en sus controles de cumplimiento, ya que pueden convertirse en canales eficaces para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Como resultado de las primeras acciones, FinCEN ha emitido avisos formales de investigación, remitido inspecciones a otras agencias federales y enviado decenas de comunicaciones de advertencia a empresas que presentan deficiencias en sus programas antilavado. El organismo dejó claro que, de confirmarse infracciones graves o reiteradas, el proceso puede escalar hacia sanciones civiles millonarias e incluso remisiones a instancias penales.
La operación también busca cerrar brechas históricas en el cumplimiento de la normativa antilavado fuera del sistema bancario tradicional. Para FinCEN, la falta de reportes oportunos o completos por parte de estas empresas limita la capacidad del Estado para seguir el rastro del dinero y facilita que los ingresos del narcotráfico se integren a la economía formal sin levantar alertas tempranas.
El despliegue se enmarca en una estrategia más amplia del Tesoro estadounidense para endurecer la vigilancia sobre los circuitos financieros alternativos, en un contexto de creciente preocupación por el uso de transmisores de dinero y servicios similares para lavar recursos procedentes del tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades criminales transnacionales.
