Una investigación periodística que documenta el acelerado crecimiento patrimonial del entorno familiar de Nayib Bukele provocó una dura reacción del mandatario salvadoreño y volvió a encender las alertas sobre la falta de controles y transparencia en el ejercicio del poder en El Salvador.
El trabajo, reseñado por El País y basado en registros públicos y documentos oficiales, revela que Bukele y al menos cinco miembros de su familia más cercana —incluida su esposa, tres hermanos y su madre— adquirieron 34 nuevas propiedades durante los primeros cinco años de su administración. El valor estimado de estos bienes, entre inmuebles urbanos y fincas agrícolas, ronda los nueve millones de dólares, una expansión patrimonial que contrasta con la situación económica general del país y con el patrimonio previamente declarado por el clan presidencial.
Según la investigación, antes de la llegada de Bukele al poder, la familia poseía un número significativamente menor de propiedades. En pocos años, ese patrimonio se multiplicó por doce, con inversiones en terrenos rurales, fincas cafetaleras y edificios ubicados en zonas de alto valor inmobiliario. Uno de los casos más llamativos es la compra de un edificio en el centro histórico de San Salvador por parte de Karim Bukele, realizada apenas meses después de que la Asamblea Legislativa —controlada por el oficialismo— aprobara una normativa que concedía exenciones fiscales a quienes invirtieran en esa área.
El reportaje también plantea interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para estas adquisiciones, especialmente porque algunas sociedades vinculadas a la familia presidencial no registraban activos relevantes antes de acceder a créditos y operaciones financieras que permitieron concretar las compras. La falta de información detallada sobre los mecanismos de financiamiento y las declaraciones patrimoniales ha alimentado cuestionamientos entre analistas y organizaciones de la sociedad civil.
Tras la publicación de la investigación, Bukele reaccionó con virulencia en redes sociales, descalificando a los periodistas y atribuyendo el trabajo a una supuesta campaña política en su contra. El mandatario aseguró que las acusaciones no resisten una revisión contable y rechazó de plano cualquier señalamiento de corrupción, sin ofrecer explicaciones detalladas sobre los datos expuestos en el reportaje.
La respuesta presidencial generó críticas por parte de organizaciones de defensa de la libertad de expresión, que advirtieron sobre la estigmatización de la prensa independiente y el efecto intimidatorio que este tipo de ataques puede tener en un país donde los contrapesos institucionales han sido debilitados de forma progresiva.
El caso se suma a un contexto más amplio de preocupación internacional por la concentración de poder en El Salvador y la erosión de los mecanismos de fiscalización, en un escenario donde las investigaciones sobre altos funcionarios y su entorno enfrentan crecientes obstáculos y presiones desde el poder político.
