La más reciente actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vuelve a colocar bajo escrutinio a figuras clave del entorno político, familiar y financiero del régimen de Nicolás Maduro, evidenciando cómo los vínculos de sangre y poder han sido un componente central de las redes sancionadas.
Entre los nombres destacados figuran Ramón Carretero Napolitano, los conocidos “narcosobrinos” – Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas – y Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro.
Ramón Carretero: operador empresarial externo
El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano ha sido vinculado a estructuras corporativas opacas y redes empresariales utilizadas para mover y resguardar capitales relacionados con el poder venezolano. Su inclusión en las acciones de la OFAC apunta a cerrar los canales internacionales que han servido como refugio financiero para fondos de origen ilícito.
Los “narcosobrinos”: narcotráfico y poder familiar
El caso de Campo Flores y Flores de Freitas sigue siendo uno de los episodios más representativos de la intersección entre narcotráfico y élites políticas venezolanas. Su reiterada mención en sanciones estadounidenses refuerza la percepción de que la estructura familiar del chavismo no es periférica, sino parte integral del sistema de impunidad.
Carlos Malpica Flores: finanzas y parentesco
Carlos Erik Malpica Flores, además de haber ocupado cargos clave en el manejo financiero del Estado, destaca por su vínculo directo con Cilia Flores, lo que lo convierte en otro ejemplo del uso del parentesco como mecanismo de control y confianza dentro del régimen. Las sanciones buscan limitar su margen de maniobra en el sistema financiero internacional y afectar las redes de intermediación asociadas a su gestión.
Las medidas de la OFAC conllevan el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas y entidades sancionadas. En conjunto, estas acciones reflejan una estrategia orientada a desmantelar tanto el núcleo familiar como los operadores económicos que sostienen al poder en Venezuela.
La actualización deja claro que, pese a los intentos del régimen por proyectar normalización y apertura, los mismos nombres, relaciones y estructuras continúan bajo observación internacional. La reiteración de sanciones subraya que familia, finanzas y poder siguen profundamente entrelazados en el caso venezolano.
