El Gobierno de Enrique Peña Nieto marcó un antes y un después en la historia de la corrupción mexicana. Escándalos como la Estafa Maestra, la Operación Safiro, la Casa Blanca y Odebrecht se convirtieron en el epítome del priismo decadente de aquella época. Paradójicamente, fue en esa administración cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), una ambiciosa estructura que prometía articular a todas las instituciones encargadas de combatir la corrupción y otorgar un papel protagónico a la ciudadanía. Sin embargo, con la llegada de Morena al poder, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ese sistema ha sido relegado a la obsolescencia. Con información de El País.
La corrupción no desapareció. Por el contrario, se transformó. Casos como el huachicol fiscal y Segalmex evidencian la persistencia del problema, junto a una impunidad que se mantiene intacta: apenas una mínima fracción de los casos llega a los tribunales.
Durante el sexenio de López Obrador, la estrategia anticorrupción se concentró en el Ejecutivo. El presidente se autoproclamó garante moral de la honestidad pública bajo la premisa de que “la corrupción se barre de arriba para abajo”. Pero la realidad contradijo su axioma. La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por más de 5.000 millones de pesos en el último año de su mandato.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) fue debilitado, y se cerraron los espacios de vigilancia ciudadana. El caso Segalmex es el mejor ejemplo del fracaso institucional: un desfalco de al menos 3.000 millones de pesos, donde la Fiscalía actuó selectivamente y dejó fuera de toda investigación al entonces titular de la dependencia, Ignacio Ovalle, un viejo amigo de López Obrador, defendido públicamente por el exmandatario sin pruebas de su inocencia.
A pesar de su promesa de crear una Agencia Federal Anticorrupción, la actual presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la inercia: el proyecto quedó en el papel. Según el diario Milenio, la Fiscalía Anticorrupción, impulsada por el propio SNA, ha archivado más de mil expedientes y presentado ante los jueces apenas el 3% de los casos.
Hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra colonizado por el oficialismo. Sus integrantes bloquean intentos de fiscalización real. La abogada Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, denunció cómo los representantes institucionales han obstaculizado investigaciones sobre desvíos en la Conade, la refinería de Salina Cruz, Segalmex, la Estafa Maestra y los sobornos de Odebrecht. Pérez incluso enfrentó represalias internas cuando exigió investigar el patrimonio del senador morenista Adán Augusto López, lo que desató una campaña para desacreditarla. “El SNA nació como un órgano independiente del poder, pero lo capturaron. Se convirtió en botín político”, lamentó.
México, advierte Pérez, ha quedado desarmado frente a la corrupción, que ahora adopta formas de macrocriminalidad transnacional. “A diferencia de otros países con un Estado de derecho fuerte, México no tiene los controles para atacar ni corregir las condiciones que la generan”, explicó.
La consecuencia es visible. En febrero, Transparencia Internacional ubicó a México en el peor puesto de su historia en el Índice de Percepción de Corrupción, comparable con naciones como Irak, Uganda o Nigeria.
Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, la estructura anticorrupción opera según los intereses del presidente en turno. El caso del huachicol fiscal, dice, avanzó solo porque políticamente convenía. “Demuestra que el gran articulador del sistema sigue siendo el presidente”, señaló.
Tanto Bohórquez como Pérez coinciden en que la corrupción en México ya no se reduce a un delito administrativo: está entrelazada con lavado de dinero, crimen organizado y redes financieras complejas. Combatirla exige una visión sistémica, coordinada y con instituciones sólidas. Sin embargo, México ha optado por el camino inverso: debilitar sus controles y depender de la voluntad presidencial.
El resultado, como advierten los expertos, es la pérdida de capacidad para enfrentar redes macrocriminales que operan con total impunidad. O, en palabras de Bohórquez, “México renunció a ver el bosque por mirar una sola hoja”.
