El influencer brasileño Bruno Alexssander Souza Silva, conocido como Buzeira y con más de 15 millones de seguidores en redes sociales, fue capturado en São Paulo durante una amplia operación contra el narcotráfico. Según las autoridades, el creador de contenido estaría vinculado a una red criminal que utilizaba criptomonedas para lavar dinero procedente del tráfico de drogas, en una estructura que operaba en varios estados del país.
El operativo, reportado por Noticias Caracol, incluyó 11 órdenes de captura y 19 allanamientos en Santa Catarina, Río de Janeiro, Minas Gerais y São Paulo. En los procedimientos fueron incautados vehículos de lujo, relojes y propiedades valoradas en cientos de millones de reales, bienes que las autoridades atribuyen a ganancias ilícitas.
Las investigaciones señalan que Buzeira habría recibido transferencias en criptomonedas desde el extranjero, parte de las maniobras financieras que empleaba la organización criminal para ocultar el origen de los fondos. Este tipo de operaciones —que combinan el uso de activos digitales con canales transfronterizos— representan una tendencia creciente en el lavado de activos vinculado al narcotráfico en América Latina.
La defensa del influencer sostiene que se trata de un malentendido y que su cliente “es un hombre trabajador con ingresos legítimos y transparentes”, aunque aún no han tenido acceso completo al expediente.
El caso de Buzeira vuelve a poner en evidencia cómo las criptomonedas se han convertido en una herramienta recurrente para el blanqueo de capitales, especialmente entre estructuras criminales que aprovechan la falta de regulación y la trazabilidad limitada de algunas plataformas digitales. Al mismo tiempo, revela la vulnerabilidad de un nuevo actor dentro de los esquemas financieros ilícitos: los influencers, que por su visibilidad y flujo de dinero pueden ser utilizados como fachada para dar apariencia de legalidad a fondos de origen delictivo.
En un contexto regional marcado por el auge de las transacciones digitales, las autoridades financieras y de cumplimiento deben reforzar sus mecanismos de control y cooperación internacional para prevenir el uso del ecosistema cripto como canal del narcotráfico y otras economías criminales.
