El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo camino judicial que Raúl Gorrín, al acogerse al sobreseimiento exprés de un caso de corrupción y blanqueo de capitales que investiga la Audiencia Nacional de España.
CCD ya había revelado los detalles de esta operación años atrás, denunciando cómo los implicados se beneficiaron del diferencial cambiario de PDVSA bajo la gestión de Rafael Ramírez, obteniendo fortunas mediante contratos confidenciales y empresas de maletín.
Betancourt, detenido brevemente en septiembre pasado por orden del juez Santiago Pedraz, presentó ante el tribunal español un argumento similar al de Gorrín: que la justicia venezolana —controlada por el régimen de Nicolás Maduro— ya lo había exonerado por los mismos hechos. La defensa se apoyó en una resolución del Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Caracas, de 2020, apostillada y presentada como prueba formal.
Pese a las advertencias de la Fiscalía Anticorrupción, que calificó esta maniobra como una muestra de la falta de independencia del sistema judicial venezolano, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó el argumento. De esta manera, Betancourt sigue la senda abierta por Gorrín, beneficiándose del mismo mecanismo judicial que permitió a este último el archivo de su causa en septiembre.
CCD ya había documentado que las operaciones en el centro de este sobreseimiento estaban vinculadas a la trama de corrupción en PDVSA, particularmente al crédito por 7.200 millones de bolívares otorgado a la estatal petrolera por Rantor Capital, C.A., el 17 de diciembre de 2014. Dos semanas después, el contrato fue transferido a Eaton Global Services Ltd, registrada en Hong Kong y propiedad de Raúl Gorrín, con un valor de 1.143 millones de dólares. Ambas empresas son piezas clave en la red financiera utilizada para lavar dinero dentro y fuera de Venezuela.
Las investigaciones de Cuentas Claras Digital revelaron que Gorrín es el beneficiario final de ambas compañías y que fueron creadas por el mismo grupo de operadores que formaron Derwick Associates. Transparencia Venezuela en el Exilio estima que los contratos de Derwick con el gobierno de Hugo Chávez superaron los 2.900 millones de dólares, otorgados sin licitaciones públicas y con mecanismos que violaron la normativa vigente.
El juez Pedraz, en el marco de una pieza secreta, también ordenó el registro de propiedades vinculadas al exviceministro de Energía Nervis Villalobos, igualmente involucrado en investigaciones internacionales por lavado de dinero.
El llamado sobreseimiento exprés deja al descubierto cómo el régimen de Maduro ha convertido el aparato judicial venezolano en una herramienta de impunidad. El Tribunal Supremo de Justicia —una extensión política del Palacio de Miraflores— refrendó en agosto de 2024 los resultados electorales cuestionados del CNE, demostrando nuevamente su sumisión al poder ejecutivo.
En el caso de Gorrín y ahora Betancourt, esta estrategia judicial les otorga no solo protección dentro de Venezuela, sino también un argumento procesal ante otras jurisdicciones para evitar ser juzgados nuevamente por los mismos delitos.
