El número de personas acusadas por delitos de drogas a nivel federal en Estados Unidos cayó este año al nivel más bajo en décadas, de acuerdo con una revisión de casi dos millones de expedientes judiciales realizada por Reuters. El desplome se produce tras la decisión de Donald Trump de reordenar las prioridades de las agencias de seguridad, desplazando la lucha contra el narcotráfico en favor de la persecución migratoria.
Los registros muestran que los procesamientos por narcotráfico se redujeron en un 10% frente al mismo período de 2024, lo que equivale a unos 1.200 casos menos y representa la cifra más baja desde finales de los años noventa. El retroceso ha sido aún mayor en delitos como conspiración y lavado de dinero, que cayeron un 24%.
Desde enero, cuando asumió el cargo, Trump ordenó la mayor reasignación de recursos de seguridad desde los atentados del 11 de septiembre. Miles de agentes fueron retirados de investigaciones complejas contra redes criminales y destinados a redadas migratorias rápidas. El resultado ha sido la ralentización de pesquisas consideradas durante años esenciales para enfrentar al crimen organizado, incluidas las vinculadas al tráfico de fentanilo, mientras las sobredosis superaron las 80.000 muertes en 2024.
Un funcionario del Departamento de Justicia, bajo anonimato, admitió que los agentes pasan menos tiempo en investigaciones complejas porque deben demostrar participación en operativos migratorios. Exagentes de la DEA y la ATF denunciaron que se les obliga incluso a posar en fotografías oficiales durante redadas, usadas luego como propaganda.
Reuters documentó que, por primera vez en décadas, casi la mitad de los cargos federales este año corresponden a violaciones migratorias. Además, unos 700 fiscales federales han sido reasignados a causas relacionadas con inmigración.
El impacto es evidente: los cargos por introducir drogas al país bajaron 6%, los procesos por conspiración un 15% y los relacionados con armas en delitos de drogas un 5%, todos en mínimos de al menos 25 años. Paralelamente, se anunció el cierre de la Organized Crime Drug Enforcement Task Force, unidad especializada en crimen organizado, lo que representa un nuevo golpe a la persecución de redes de narcotráfico.
Aunque las muertes por sobredosis han disminuido desde 2023 gracias al acceso a naloxona, los decomisos de drogas subieron un 6% este año, un indicador de que el tráfico ilícito no se ha reducido. Analistas advierten que la reasignación de recursos responde más a una estrategia política centrada en la migración que a una política integral contra el crimen organizado.
