La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el 18 de septiembre el informe Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions, un análisis sobre el estado actual y las perspectivas del uso de inteligencia artificial (IA) en funciones básicas de los gobiernos. El organismo identificó 200 casos de aplicación en 11 áreas clave, desde la justicia hasta los servicios públicos, y destacó tanto los beneficios como los riesgos de esta transformación. Con información de Observatorio Blockchain.
El estudio documenta un mayor despliegue de IA en servicios públicos, justicia y participación cívica, mientras que su uso es más limitado en ámbitos como la administración tributaria o la reforma del servicio civil, debido a mayores restricciones regulatorias. La OCDE señala que la adopción de IA puede agilizar trámites, personalizar servicios, mejorar la detección de fraudes, optimizar la toma de decisiones y aliviar retrasos en áreas críticas como la justicia. El Instituto Alan Turing, por ejemplo, estima que en el Reino Unido la IA podría automatizar hasta un 84 % de las transacciones repetitivas en servicios públicos, con un ahorro equivalente a 1.200 años-persona de trabajo. Aunque la mayoría de los proyectos todavía se apoyan en enfoques clásicos de aprendizaje automático, se reconoce el potencial de la inteligencia artificial generativa para futuras aplicaciones.
El informe advierte que no existe una adopción libre de riesgos. Señala la posibilidad de sesgos algorítmicos que afecten derechos fundamentales, la falta de transparencia que erosione la rendición de cuentas y la dependencia excesiva que amplíe brechas digitales o propague errores sistémicos. También alerta sobre el desplazamiento laboral en el sector público si la IA se emplea para sustituir, y no para potenciar, las capacidades humanas. La OCDE reconoce además que muchos proyectos gubernamentales se quedan en fases piloto por carencias de datos de calidad, aversión al riesgo, normativas complejas y limitaciones tecnológicas heredadas. A ello se suma la ausencia de mecanismos de monitoreo eficaces para evaluar resultados.
Para garantizar un uso responsable y confiable, el organismo recomienda establecer tres pilares: facilitadores como gobernanza, datos, habilidades y alianzas; barandillas en forma de regulación, transparencia y supervisión; y mecanismos de participación que involucren a ciudadanos y empresas. La OCDE insta a los gobiernos a priorizar aplicaciones de alto beneficio y bajo riesgo en etapas iniciales, y a generar métricas claras para medir resultados. La conclusión es clara: no adoptar la IA también supone un riesgo, ya que dejaría a los gobiernos rezagados frente al sector privado y limitaría su capacidad de responder a las demandas sociales.
