La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España llevó a cabo este martes varios registros en propiedades asociadas al empresario venezolano Alejandro Betancourt, en el marco de una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La diligencia se produce tras una comisión rogatoria internacional procedente de Suiza, país que ha solicitado la colaboración judicial española para esclarecer posibles operaciones de blanqueo de capitales.
Betancourt, fundador y socio del grupo Derwick (bolichicos), conocido por múltiples denuncias de corrupción relacionadas con PDVSA y el sector eléctrico, figura en la investigación por su presunta participación en estructuras financieras opacas que habrían permitido canalizar fondos de origen irregular hacia Europa. El juez Pedraz autorizó a la UDEF a registrar varios inmuebles relacionados con él, dentro de una actuación simultánea que también alcanza al exviceministro Nervis Villalobos. Según fuentes, la investigación incluiría a otros venezolanos, entre ellos, Francisco Convit Guruceaga, Luis Carlo León, Pedro Trebau y Raúl Gorrín.
Entre los bienes inspeccionados se encuentra el Castillo de El Alamín, en la provincia de Toledo, una finca de gran notoriedad que ya había pasado por manos de otros empresarios señalados por causas judiciales. Este inmueble, adquirido en su momento por Betancourt, se ha convertido ahora en un punto clave de la investigación, ya que los investigadores sospechan que podría haber servido como vehículo de inversión y ocultamiento patrimonial.
Además del castillo, se practicaron registros en otros inmuebles urbanos, despachos y sociedades vinculadas directa o indirectamente al empresario. El objetivo de la Policía es localizar documentación, soportes electrónicos y pruebas financieras que permitan trazar el recorrido del dinero y determinar si Betancourt participó en operaciones de blanqueo coordinadas desde Suiza.
La actuación española no surge de manera aislada. La autoridad judicial helvética habría detectado movimientos bancarios sospechosos relacionados con Betancourt y solicitó formalmente la intervención de la Audiencia Nacional. El juez Pedraz respondió con rapidez y encomendó a la UDEF la ejecución de las órdenes de entrada y registro, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
La operación evidencia que las autoridades europeas mantienen bajo escrutinio a un circuito financiero transnacional en el que se cruzan empresarios venezolanos, inversiones en España y cuentas en Suiza. Aunque el procedimiento se encuentra en fase inicial, las diligencias apuntan a la posibilidad de que Betancourt hubiera movido grandes cantidades de dinero a través de estructuras societarias complejas, dificultando el rastreo del origen de los fondos.
Tras los registros, la Policía debe elaborar un informe con el material incautado que será entregado al juez Pedraz. Este, a su vez, deberá decidir si amplía las imputaciones, llama a declarar a Betancourt en calidad de investigado o mantiene las actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional con Suiza.
