La Guardia Costera de Estados Unidos ha sido durante décadas el rostro visible de la interdicción marítima contra el narcotráfico en el Caribe, abordando y deteniendo embarcaciones con drogas en alta mar. Pero esa práctica podría estar entrando en una fase radicalmente distinta tras el ataque militar ordenado por la administración Trump contra una lancha en las costas de Venezuela, acción que dejó 11 presuntos miembros del Tren de Aragua muertos y que ya es considerada un punto de quiebre en la estrategia antidrogas estadounidense. Con información de AP.
El gobierno defendió el ataque alegando “legítima defensa” y calificando al grupo venezolano como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los cárteles representan “una amenaza inmediata” y que Trump tiene derecho a eliminar amenazas inminentes. El vicepresidente JD Vance celebró la acción en redes sociales y afirmó que “matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mejor uso de nuestras fuerzas armadas”.
Legalidad cuestionada
Sin embargo, expertos advierten que el ataque abre un terreno peligroso. Claire Finkelstein, profesora de derecho en la Universidad de Pensilvania, afirmó que lo ocurrido constituye una “ejecución extrajudicial” sin sustento en el derecho internacional ni autorización del Congreso o del Consejo de Seguridad de la ONU. “No fue un acto de legítima defensa ni ocurrió en medio de una guerra”, señaló.
El Pentágono se ha negado a dar detalles sobre el operativo, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistió en que se trató de “mantener a salvo al pueblo estadounidense”. Aun así, la ausencia de información sobre qué armas se usaron, qué servicio llevó a cabo la misión o cómo se identificó al buque como objetivo genera más dudas que certezas.
Escalada de tensiones
El ataque ha tensado aún más las relaciones con Caracas. Días después, aviones militares venezolanos sobrevolaron un buque de guerra estadounidense en el Caribe, a lo que Trump respondió con la advertencia de que futuros vuelos serían repelidos con disparos. Analistas alertan que este escenario podría interpretarse como un acto de guerra contra Venezuela.
La estrategia también se compara con bombardeos previos contra los hutíes en Yemen, lo que refleja una tendencia de la administración Trump a utilizar la fuerza militar contra actores no estatales designados como terroristas, en este caso cárteles de droga latinoamericanos.
El riesgo para la cooperación internacional
El ataque pone en entredicho décadas de trabajo conjunto en el Caribe y América Latina bajo la Ley de Control Marítimo de Drogas de 1986, que convirtió el contrabando en aguas internacionales en delito federal y dio a EE.UU. facultades para arrestar y procesar a tripulaciones. Bajo este esquema, la Guardia Costera ha trabajado con el Pentágono, la DEA, el FBI y más de 20 naciones, incluido un grupo de trabajo multinacional en Key West, Florida.
“Si bien nadie se solidariza con los narcotraficantes, lo importante de estas operaciones es que permiten reunir pruebas para enjuiciar a los jefes de los cárteles”, recordó James Story, exembajador en Venezuela y exjefe de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado. “Cualquier cosa que ponga en riesgo esa cooperación internacional nos haría menos efectivos a largo plazo”.
El debate ahora se centra en si Estados Unidos está abriendo un nuevo capítulo: de operaciones judiciales con base legal a acciones militares unilaterales que podrían redefinir —y escalar— la llamada guerra contra las drogas.
