La Policía Federal de Brasil ejecutó este 28 de agosto de 2025 una megaoperación antilavado que las autoridades calificaron como la más grande jamás realizada contra el crimen organizado en el país. El objetivo fue desarticular una red liderada por el Primeiro Comando da Capital (PCC), que habría blanqueado cerca de 52.000 millones de reales —unos 9.600 millones de dólares— entre 2020 y 2024 a través del sector de combustibles y complejos mecanismos financieros.
La investigación reveló que el PCC controlaba más de mil estaciones de servicio, cuatro refinerías y una flota de mil camiones cisterna, con lo cual construyó un imperio que no solo incluía el negocio formal de combustibles, sino también operaciones ilícitas. Entre las prácticas detectadas figuraban la venta de combustibles adulterados, el uso del “surtidor bajo” para entregar menos combustible del registrado y la importación ilegal de metanol, un producto tóxico e inflamable utilizado para adulterar gasolina. El dinero era lavado mediante plataformas fintech y alrededor de 40 fondos de inversión, lo que permitió a la organización infiltrar el sistema financiero y mover capitales a gran escala con apariencia de legalidad.
Más de 1.400 agentes federales realizaron redadas simultáneas en ocho estados brasileños, entre ellos São Paulo y Río de Janeiro. Se emitieron órdenes de captura y allanamiento contra unas 350 personas y empresas, y se incautaron 1.500 vehículos, 192 inmuebles, dos embarcaciones y más de 300.000 reales en efectivo. Según cifras oficiales, los fondos de inversión involucrados acumulaban activos valorados en 30.000 millones de reales —unos 5.500 millones de dólares—, lo que ilustra el grado de penetración de la red criminal en la economía formal.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, destacó que se trató de una operación histórica por su alcance y cooperación interinstitucional. Su par de Economía, Fernando Haddad, calificó el esquema como “extremadamente sofisticado” y resaltó la dificultad que implicó descifrar la ruta del dinero. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que fue “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta ahora”, al tiempo que reafirmó el compromiso de su gobierno de proteger a los consumidores y garantizar un mercado de combustibles justo y transparente.
