El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación formal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) tras la emisión de un memorándum firmado el 9 de junio por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, bajo el título “Guidelines for Investigations and Enforcement of the FCPA”.
El documento responde a la orden ejecutiva firmada el 10 de febrero por el presidente Donald Trump, que suspendió temporalmente la aplicación de la norma por 180 días con el fin de revisar las políticas de investigación en materia de soborno internacional.
Con la nueva guía, la aplicación de la FCPA deja atrás la pausa decretada en febrero y se redefine bajo parámetros más focalizados.
Puntos clave de las nuevas directrices
1. Reactivación selectiva: se retoman las investigaciones y sanciones por sobornos internacionales, aunque con un enfoque más estratégico.
2. Casos prioritarios: se dará mayor peso a conductas que afecten la competitividad de empresas estadounidenses, la seguridad nacional o que estén vinculadas a cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
3. Responsabilidad individual: la aplicación se centrará en los autores directos de los actos corruptos, más que en estructuras corporativas amplias.
4. Protección a empresas honestas: se busca evitar cargas regulatorias innecesarias y procesos que perjudiquen de manera desproporcionada a compañías estadounidenses que cumplen la ley.
5. Mayor control jerárquico: la apertura de casos requerirá autorización de altos funcionarios del Departamento de Justicia, y no únicamente de la unidad especializada en FCPA.
6. Focos adicionales: especial atención a sobornos con pagos significativos, ocultamiento o fraude; y posibilidad de remitir casos a autoridades extranjeras cuando el impacto en EE.UU. sea marginal.
De un enfoque amplio a uno selectivo
Hasta ahora, la FCPA había sido aplicada de forma amplia y estricta, con un fuerte énfasis en las empresas y cualquier forma de soborno. Con los nuevos lineamientos, la política se reduce y concentra en individuos y casos de alto impacto, en un esfuerzo por equilibrar la lucha anticorrupción con la protección de la competitividad empresarial estadounidense, de acuerdo a los lineamientos del gobierno de Donald Trump.
Impacto en Venezuela
La FCPA ha jugado un papel central en la investigación de tramas de corrupción vinculadas a PDVSA, involucrando a empresarios y exfuncionarios como Naman Wakil, Franklin Durán, Raúl Gorrín, Alejandro Andrade, Claudia Díaz, Luis De León, N. Villalobos, César Rincón y Rafael Reiter, entre otros.
El caso más reciente procesado bajo esta ley fue el de Telefónica en Venezuela, que concluyó con una multa de 85 millones de dólares que tuvo que pagar la empresa española tras acusaciones de pagos indebidos a funcionarios venezolanos para acceder a dólares preferenciales.
Críticas al nuevo enfoque
Abogados especialistas en delincuencia organizada y organizaciones no gubernamentales anti corrupción de EEUU han expresado críticas y preocupación frente a las modificaciones en la política de aplicación de la FCPA. Aducen que se trata de una decisión que favorece a la corrupción corporativa y reduce el alcance anticorrupción del Departamento de Justicia.
La preocupación central es que, al parecer menos enfocada en corrupción corporativa tradicional y con menos recursos humanos ( se ha producido una importante reducción de personal en el DOJ) la FCPA podría perder la fuerza disuasoria y la capacidad de representar un compromiso serio contra la corrupción internacional.
