Las fronteras entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales son cada vez más difusas. Grandes bancos ya ofrecen compraventa y custodia de activos digitales, incluso desde sus aplicaciones móviles, mientras que otras entidades financieras han recurrido a la experiencia de exchanges para ampliar su oferta sin desarrollar infraestructura propia. Sin embargo, esta interconexión ha encendido las alarmas de los reguladores europeos. Con información de Cinco Días.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) advirtió que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tradicionalmente asociados a los proveedores cripto, se están extendiendo a sectores como la banca, las instituciones de pago y las de dinero electrónico. La causa: deficiencias “significativas y generalizadas” en los sistemas y controles de prevención dentro de la industria de criptoactivos.
En su última actualización de riesgos para el sector financiero de la UE, la EBA subraya que la carrera por innovar y capitalizar el auge de los activos digitales avanza más rápido que la capacidad de gestionar sus riesgos. Esto incluye una preocupación creciente por la aplicación irreflexiva de soluciones RegTech, como el uso de inteligencia artificial para cumplir normativas, y por el “riesgo de contagio” derivado de la creciente interconexión entre proveedores tradicionales y empresas cripto.
El organismo señala un aumento de servicios superpuestos entre proveedores de criptoactivos e instituciones de pago o dinero electrónico. En particular, advierte sobre operaciones que convierten criptomonedas en dinero fiduciario a través de subcontrataciones internas o a terceros, generando estructuras de gobernanza poco claras y límites operativos difusos.
Aunque el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) —en vigor desde mediados de 2024— prevé sanciones severas, incluida la revocación de licencias por incumplir obligaciones de prevención, la EBA detecta fallas persistentes. Claudia Marín, del equipo de Regulación Digital de BBVA, recuerda que MiCA se complementa con el Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR), que exige trazabilidad total de las transacciones. Por su parte, Ángel José Del Pino Ibáñez, experto en derecho cripto de In Diem Abogados, enfatiza que el nuevo marco legal impone la obligación de contar con sistemas y procedimientos sólidos para prevenir actividades ilícitas.
Sin embargo, a solo seis meses de la entrada en vigor de MiCA, ya han surgido grietas en su aplicación. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) cuestionó recientemente al supervisor financiero de Malta por otorgar una licencia a una empresa cripto sin una revisión exhaustiva ni consideración adecuada del historial y riesgos de la firma. Entre las deficiencias detectadas: controles inadecuados contra el blanqueo y falta de transparencia en la gobernanza.
El escenario es preocupante: entre 2022 y 2024 el número de proveedores cripto autorizados en la UE se multiplicó por 2,5, acompañado de un aumento significativo en el volumen de transacciones. La EBA y la ESMA alertan que algunas compañías han intentado eludir los procesos de registro y supervisión, carecen de controles efectivos y presentan dudas sobre la integridad de sus directivos y la transparencia de sus estructuras.
