La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, señaló a más de 60 empresas —armamentísticas, tecnológicas, bancarias, energéticas, turísticas y de construcción, entre otras— de “lucrar y beneficiarse de la economía del genocidio” que sostiene la ofensiva israelí sobre Gaza y la expansión de los asentamientos en la Cisjordania ocupada.
En su nuevo informe, Albanese sostiene que la ocupación y las campañas militares de Israel ofrecen “zonas de ensayo” para armas y tácticas de vanguardia, convirtiendo los territorios palestinos en un laboratorio sin controles ni rendición de cuentas. El documento insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar a los altos ejecutivos de estas compañías por complicidad en violaciones graves del derecho internacional y por el blanqueo de las ganancias derivadas de esos crímenes.
Las firmas armamentísticas —entre ellas Elbit Systems e Israel Aerospace Industries— obtuvieron ingresos récord al suministrar drones, sistemas de puntería basados en inteligencia artificial y plataformas de defensa aérea que, probadas “en combate real”, se comercializan luego como equipos “battle-tested”. A su vez, el programa de adquisiciones de defensa israelí, el mayor de su historia, incorpora aviones F-35 y F-16 de Lockheed Martin, capaces de lanzar hasta 85 000 toneladas de bombas.
El informe también expone la participación de corporaciones de maquinaria pesada —Caterpillar Inc., HD Hyundai y Volvo— cuyos bulldozers han sido empleados durante décadas para demoler viviendas y olivares palestinos, y que desde octubre de 2023 arrasaron partes de Gaza, Rafah y Jabalia para impedir el retorno de la población desplazada.
En el terreno digital y de servicios, IBM gestiona datos biométricos de palestinos; Microsoft, Amazon y Alphabet proveen soluciones de ciberseguridad y nube; Hewlett Packard participa en la administración penitenciaria y policial; Booking y Airbnb “blanquean” la ocupación al promocionar alojamientos turísticos en colonias ilegales como Tekoa, ocultando la violencia contra la aldea vecina de Tuqu. BP y Chevron aseguran el suministro energético, mientras AP Moller-Maersk facilita la logística de transporte. Incluso instituciones académicas figuran entre las entidades señaladas.
Albanese pide a las compañías rescindir sus vínculos comerciales con Tel Aviv, indemnizar al pueblo palestino y colaborar con la CPI para que los responsables corporativos rindan cuentas. “La ocupación israelí ofrece un campo de pruebas ideal, con poca supervisión y cero responsabilidad”, concluye la relatora, quien subraya que el financiamiento y la tecnología aportados por el sector privado son “indispensables” para la maquinaria militar que ha devastado a una población civil prácticamente indefensa.
El informe completo, junto con el listado de empresas y la metodología empleada, puede consultarse en la página oficial de la relatoría o mediante el enlace abreviado: https://shorturl.at/934eG.
