La investigación que mantiene abierta la justicia española contra Alejandro Betancourt, relacionada con operaciones de blanqueo de capitales y delitos fiscales, enfrenta nuevamente la posibilidad de ser archivada. El avance del procedimiento depende de una solicitud de cooperación judicial enviada a Estados Unidos que, después de más de nueve meses, continúa sin respuesta, según una investigación publicada por El País.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz busca tomar declaración por videoconferencia a cinco personas vinculadas con la trama de corrupción conocida como “Money Flight”: Abraham Ortega Morales, Carmelo Urdaneta, Álvaro Ledo Nass, Luis Fernando Vuteff y Luis Carlos de León. El magistrado estableció diciembre como plazo para recibir respuesta de las autoridades estadounidenses. Si las declaraciones no pueden realizarse, el procedimiento podría ser archivado nuevamente ante las dificultades para acreditar el presunto origen ilícito de los fondos.
La causa analiza operaciones presuntamente relacionadas con el desvío de más de 4.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante préstamos, estructuras societarias y operaciones financieras. Los investigadores intentan determinar si parte de esos recursos terminó en España a través de inversiones inmobiliarias, empresas y marcas comerciales. La cooperación estadounidense resulta relevante para tratar de acreditar el delito precedente necesario para sostener una investigación por blanqueo de capitales.
El expediente español se suma a las actuaciones que anteriormente se desarrollaron en Suiza, donde la Fiscalía de Zúrich investigó a Betancourt y llegó a mantener una orden de arresto que restringió sus movimientos mientras permanecía en Reino Unido. Posteriormente, el procedimiento suizo y la solicitud de extradición no prosperaron. La información conocida sobre el caso también señala actuaciones de funcionarios estadounidenses del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado relacionadas con ese proceso.
La situación judicial coincide con el creciente protagonismo de Betancourt en el sector petrolero venezolano. Paralelamente, la Fiscalía venezolana remitió a su defensa una certificación según la cual su situación judicial en Venezuela estaría prescrita y juzgada desde 2023, documento que sus abogados podrían utilizar para invocar el principio de cosa juzgada ante tribunales extranjeros. Betancourt ha negado las acusaciones en su contra y está representado en España por el abogado José Antonio Choclán. Con diciembre como fecha límite, la respuesta de Washington será determinante para establecer si la investigación española puede avanzar o vuelve a ser archivada.
