La salida de Mauricio Claver-Carone ha abierto una nueva etapa en la conducción de la política estadounidense hacia Venezuela. Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial que designe a un sustituto, todo indica que el modelo de gestión ha cambiado. En lugar de concentrar la coordinación en un único asesor con amplio margen de maniobra, la Administración Trump parece haber optado por distribuir las responsabilidades entre varios altos funcionarios, con un mayor protagonismo institucional del Departamento de Estado.
En ese nuevo esquema destaca Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y Empresariales y uno de los colaboradores más cercanos del secretario de Estado, Marco Rubio. Abogado de formación y especialista en política económica y seguridad nacional, Orr ha desarrollado su carrera en temas de energía, comercio, inversiones y cadenas de suministro estratégicas, áreas que hoy ocupan un lugar central en la estrategia de Washington para América Latina.
Su creciente protagonismo responde a que la dimensión económica se ha convertido en uno de los pilares de la política estadounidense hacia Venezuela. La recuperación de la industria petrolera, la atracción de inversiones, la reconstrucción institucional y la eventual normalización económica forman parte de las prioridades que recaen dentro de su ámbito de actuación. Hasta el momento, Orr ha evitado identificarse con algún dirigente político venezolano en particular, incluida María Corina Machado, y ha sostenido que unas elecciones presidenciales deben celebrarse con garantías y dentro de un proceso más amplio de estabilización institucional.
Un nuevo reparto del poder
La reorganización posterior a la salida de Claver-Carone parece haber consolidado una estructura más colegiada. El presidente Donald Trump continúa definiendo las grandes directrices políticas; Marco Rubio dirige la estrategia hacia Venezuela y coordina su ejecución; Christopher Landau conduce la dimensión diplomática; y Caleb Orr emerge como el principal responsable de la vertiente económica y empresarial. Paralelamente, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantienen la competencia sobre sanciones, licencias y medidas financieras, mientras que la embajada de Estados Unidos en Caracas ejecuta la política sobre el terreno y sirve de enlace permanente con las autoridades venezolanas.
Más que un simple relevo de nombres, este cambio refleja una transformación en la forma de gestionar el expediente venezolano. La influencia que antes se concentraba en un asesor informal parece haberse sustituido por un esquema institucional en el que varias dependencias comparten responsabilidades.
