La compañía de tecnología electoral Smartmatic pidió a la justicia de Estados Unidos desestimar la acusación penal por presunto lavado de dinero presentada en su contra, alegando que el proceso forma parte de una “campaña de represalia” impulsada por el presidente Donald Trump y sectores que sostienen que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Con información de AP.
En una moción presentada ante un tribunal federal en Miami, los abogados de la empresa afirmaron que la inclusión de SGO Corporation, matriz de Smartmatic con sede en el Reino Unido, en la acusación penal responde a un cambio de postura del Departamento de Justicia tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Según la defensa, Smartmatic había estado cooperando con las autoridades estadounidenses desde 2021, entregando millones de páginas de documentos y realizando múltiples presentaciones ante investigadores federales en el marco de la investigación.
De acuerdo con la compañía, incluso se había fijado una fecha para el juicio de algunos ejecutivos —entre ellos el cofundador Roger Piñate— y la empresa creía que no sería objeto de cargos directos. Sin embargo, la situación cambió posteriormente cuando el Departamento de Justicia decidió incluir formalmente a la empresa matriz en el caso.
Origen de la investigación
La acusación penal se relaciona con supuestos pagos realizados entre 2015 y 2018 para asegurar un contrato con el gobierno de Filipinas destinado a apoyar la organización de las elecciones presidenciales de 2016 en ese país.
Las autoridades estadounidenses han señalado que algunos ejecutivos habrían pagado sobornos por aproximadamente un millón de dólares a funcionarios electorales filipinos. Piñate, quien ya no trabaja en Smartmatic pero continúa siendo accionista, se ha declarado inocente.
Los fiscales también han planteado que parte de los ingresos provenientes de un contrato de 300 millones de dólares con el condado de Los Ángeles, destinado a modernizar su sistema de votación, habría sido desviado hacia un supuesto “fondo ilícito” controlado por Piñate mediante empresas fantasma en el extranjero y facturación falsa.
Señalamientos relacionados con Venezuela
En el expediente judicial, los fiscales también alegan que Piñate habría entregado una casa de lujo con piscina en Caracas a la entonces jefa electoral de Venezuela como parte de un intento por recomponer relaciones con las autoridades electorales del país tras la salida de Smartmatic en 2017.
La empresa había denunciado ese año que el régimen de Nicolás Maduro manipuló los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que marcó el final de su participación en el sistema electoral venezolano.
Argumento de persecución política
Los abogados de Smartmatic sostienen que la acusación contra SGO Corporation está vinculada al discurso político que sostiene Trump sobre las elecciones de 2020, en las que resultó derrotado por Joe Biden.
Según la empresa, procesarla penalmente reforzaría la narrativa del mandatario estadounidense de que el resultado electoral fue manipulado.
Smartmatic también recordó que mantiene una demanda por 2.700 millones de dólares por difamación contra aliados de Trump en los medios de comunicación, tras la difusión de acusaciones que vinculaban a la empresa con un supuesto fraude electoral.
De acuerdo con la compañía, esas declaraciones dañaron gravemente su reputación y provocaron un fuerte deterioro de su negocio a nivel global.
Expansión global de la empresa
Fundada hace más de dos décadas por empresarios venezolanos, Smartmatic logró expandirse internacionalmente y ha suministrado tecnología electoral en más de 25 países, desde América Latina hasta África.
No obstante, la empresa sostiene que su actividad se vio afectada tras las acusaciones difundidas en Estados Unidos después de las elecciones presidenciales de 2020, las cuales, según afirma, fueron desmentidas posteriormente.
