El excongresista republicano David Rivera, quien en el pasado fue un aliado político cercano de Marco Rubio, pasó de ser una de las figuras anticastristas más firmes del sur de Florida a verse envuelto en una investigación federal tras firmar un contrato millonario con la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana.
Según fiscales federales, Rivera habría participado en una operación destinada a influir en la primera administración de Donald Trump para flexibilizar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y facilitar el regreso de la petrolera ExxonMobil a Venezuela. El exlegislador ha rechazado las acusaciones y se ha declarado inocente.
En el supuesto plan también aparecen otros actores, entre ellos un desarrollador inmobiliario de Miami vinculado en el pasado al narcotráfico, el empresario venezolano Raúl Gorrín —interesado en expandir su canal Globovisión en Estados Unidos— y Delcy Rodríguez, quien posteriormente asumiría el control del gobierno interino en Venezuela.
Rivera fue acusado formalmente de actuar como agente extranjero sin registrarse, además de conspiración, lavado de dinero y evasión fiscal. Las autoridades confiscaron millones de dólares y varias propiedades relacionadas con el caso. Su primer juicio está previsto para este mes y el proceso ha involucrado a diversas figuras cercanas al entorno político de Trump, incluida la jefa de gabinete Susie Wiles y el influyente cabildero Brian Ballard. Entre los testigos figura también Marco Rubio.
Ambos políticos surgieron juntos en la escena pública en la década de los noventa. Mientras Rubio consolidaba su imagen como líder emergente, Rivera era considerado un operador político eficaz pero controvertido. Su cercanía generó dificultades para Rubio cuando el excongresista comenzó a acumular investigaciones por presuntas irregularidades financieras y electorales, aunque nunca fue imputado en esos casos.
De acuerdo con documentos judiciales, en marzo de 2017 la empresa de Rivera obtuvo un borrador de contrato por 50 millones de dólares por supuestos servicios de consultoría, cuya descripción quedó sin especificar. Posteriormente habría recibido pagos iniciales que distribuyó entre colaboradores, incluidos Gorrín y otros intermediarios. La acusación sostiene que los involucrados mantuvieron comunicaciones cifradas y sostuvieron reuniones para coordinar gestiones políticas y empresariales destinadas a normalizar las relaciones entre Caracas y Washington.
Durante ese período, Rivera habría buscado facilitar encuentros entre funcionarios venezolanos, congresistas estadounidenses y ejecutivos del sector petrolero. Sin embargo, el contexto político cambió rápidamente cuando la administración Trump endureció las sanciones contra Venezuela tras denunciar procesos electorales irregulares.
Las investigaciones y demandas civiles posteriores cuestionaron el destino de los fondos pagados a la firma de Rivera. Con el tiempo, los detalles del presunto esquema comenzaron a conocerse a través de filtraciones y procesos judiciales. Rivera y su socia Esther Nuhfer fueron acusados en 2022 de actuar como agentes extranjeros no registrados y posteriormente de evasión fiscal, cargos que ambos niegan.
La defensa sostiene que las acciones del excongresista estaban orientadas a promover cambios políticos en Venezuela.
El caso ha despertado interés por sus implicaciones políticas y por la posibilidad de que involucre a figuras relevantes del entorno republicano. A pesar de ello, ha recibido relativamente poca atención nacional, en un contexto en el que el Departamento de Justicia ha reducido la prioridad de los procesos relacionados con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
