Si los sobornos, los sobreprecios en los presupuestos y las componendas entre funcionarios y privados fueran un deporte olímpico, Venezuela habría vuelto a subir al podio. Por segundo año consecutivo, el país terminó en el tercer lugar entre los Estados percibidos como los más corruptos del planeta, según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI 2025) elaborado por Transparencia Internacional y analizado por Transparencia Venezuela.
El estudio, publicado el 10 de febrero, otorgó nuevamente a Venezuela una puntuación de 10 sobre 100 y la ubicó en el puesto 180 de 182 países evaluados. La calificación es idéntica a la de 2024 y deja al país apenas por encima de Sudán del Sur y Somalia, que ocupan los últimos lugares del ranking.
Transparencia Venezuela sostiene que estos resultados no son sorpresivos. La organización ha documentado cómo en el país se consolidó una captura sistémica del Estado, donde la preservación del poder por parte de una estructura cleptócrata prevalece sobre las necesidades de la población. Entre los factores determinantes se encuentran el control de las rentas para sostener a la élite política y militar, la consolidación de redes de corrupción y economías ilícitas, el uso de empresas estatales como extensiones del partido en el poder y el desmantelamiento de los organismos de control.
En cuanto a las economías ilícitas, la ONG describe a Venezuela como un nodo criminal transnacional, en el que se ha establecido una relación simbiótica entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Esta dinámica impulsa actividades como el narcotráfico, la producción irregular y el desvío de oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión, con participación de actores estatales en distintos niveles.
La organización también ha sistematizado información sobre redes cleptócratas vinculadas a la élite. Hasta 2025, identificó 787 empresas en 36 sectores, 1.087 personas relacionadas —entre directivos, accionistas, empleados y agentes— y 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con estas tramas. En ese contexto, ha documentado conexiones entre el poder y privados como Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt, así como alianzas en sectores como el deporte.
Una investigación sobre bienes decomisados en procesos judiciales relacionados con tramas de corrupción de origen venezolano reveló que los beneficiarios del desfalco al patrimonio público tienen bloqueados casi 4.000 millones de dólares. La cifra, advierte Transparencia Venezuela, no es definitiva y representa solo una fracción de lo que se sabe que fue saqueado. La ONG también denunció el uso de criptomonedas por parte de autoridades para evadir sanciones internacionales y facilitar actividades ilícitas.
El informe del CPI 2025 subraya que los países con democracias plenas tienden a obtener mejores resultados, mientras que los regímenes no democráticos muestran desempeños más bajos. “En autocracias plenas como Venezuela o Azerbaiyán la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles”, señala el reporte. Desde 2018, cuando organismos internacionales comenzaron a calificar a Venezuela como una dictadura, su puntuación no ha hecho más que retroceder; desde 2016, el país ha perdido siete puntos.
En el extremo opuesto del ranking, Dinamarca, Finlandia y Singapur repitieron como los países percibidos como menos corruptos del mundo, con 89, 88 y 84 puntos, respectivamente. No obstante, el informe advierte un deterioro global: el número de países con puntuaciones superiores a 80 cayó de 12 hace una década a solo cinco en 2025, y 122 de los 182 evaluados obtuvieron menos de 50 puntos.
Incluso democracias consolidadas registraron retrocesos. Estados Unidos obtuvo 64 puntos, su puntuación más baja hasta la fecha, mientras que Reino Unido, Francia, Suecia y Nueva Zelanda también descendieron en comparación con el índice anterior. El reporte atribuye este deterioro a restricciones crecientes a las libertades de expresión, asociación y asamblea, así como a interferencias políticas en el trabajo de organizaciones civiles y periodistas independientes.
El informe recuerda que Transparencia Venezuela se vio obligada a cerrar sus operaciones en el país y continuar su labor desde el exilio, tras una serie de regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025 que dificultan casi por completo el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
“En un momento de crisis climática, inestabilidad y polarización, el mundo necesita más que nunca líderes sometidos a controles e instituciones independientes que protejan el interés público”, afirmó Maira Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional.
El CPI clasifica a 182 países y territorios en una escala de cero —altamente corrupto— a 100 —muy limpio—, utilizando datos de 13 fuentes externas, entre ellas organismos multilaterales, consultoras privadas y grupos de expertos. El informe incluye seis recomendaciones clave para revertir la corrupción: asegurar la independencia judicial, combatir las influencias indebidas en la toma de decisiones, garantizar acceso a la justicia a las víctimas, proteger el espacio cívico, fortalecer la contraloría sobre los servicios públicos y sancionar los casos de corrupción a gran escala.
Vea el informe aquí y su versión en inglés aquí.
