El gobierno de Suiza confirmó que mantiene congelados activos venezolanos por un total de 687 millones de francos suizos, equivalentes a unos 880 millones de dólares, en una medida que apunta directamente al entorno del depuesto líder Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a su círculo de poder. Se trata de la primera vez que las autoridades suizas divulgan una cifra oficial sobre estos fondos, en el marco de sanciones y acciones preventivas destinadas a impedir el movimiento de capitales sospechosos. Con información de AFP.
La orden de congelamiento entró en vigor el pasado 5 de enero, tras una decisión adoptada por el Consejo Federal suizo, e incluye no solo a Maduro, sino también a su esposa, Cilia Flores, allegados y exministros. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza calificó la medida como un “bloqueo preventivo” orientado a evitar la fuga de capitales y facilitar la cooperación judicial internacional en eventuales investigaciones penales sobre el origen de estos fondos.
Suiza ratifica el bloqueo de fondos y bienes de funcionarios del régimen de Maduro y sus testaferros
Según las autoridades suizas, intermediarios financieros del país han reportado estos activos a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales, aunque no se han revelado los nombres de los titulares por razones legales. La medida se enmarca dentro del régimen de sanciones vigente desde 2018, cuando Suiza decidió alinearse con las sanciones impuestas por la Unión Europea contra altos funcionarios venezolanos señalados por corrupción y violaciones al orden democrático.
De los 880 millones de dólares congelados, aproximadamente dos tercios ya estaban bloqueados bajo sanciones previas, mientras que unos 309 millones de dólares fueron congelados específicamente bajo el nuevo reglamento adoptado en enero de 2026, lo que refleja una ampliación significativa de las acciones financieras contra el entorno del exmandatario.
El congelamiento de estos activos permite a las autoridades judiciales de los países involucrados solicitar asistencia legal mutua para avanzar en investigaciones relacionadas con posibles delitos financieros. Sin embargo, corresponde a los tribunales competentes demostrar el origen ilícito de los fondos y determinar si pueden ser confiscados y eventualmente restituidos.
Esta medida refuerza la presión internacional sobre las redes financieras vinculadas al antiguo régimen venezolano y evidencia el papel del sistema bancario suizo en el seguimiento y bloqueo de activos asociados a personas políticamente expuestas bajo sospecha de corrupción o lavado de dinero.
