Mientras en todo el país se multiplicaban las protestas bajo el lema “no kings” contra la reestructuración radical del Estado federal impulsada por Donald Trump, la Constitución de Estados Unidos le otorgaba al mandatario un poder casi monárquico en un ámbito clave: la clemencia presidencial. La Carta Magna faculta al presidente a conceder indultos y conmutaciones por delitos federales, sin prácticamente ningún contrapeso institucional. Con información de Usa T
Durante décadas, ese poder fue usado con cautela. Presidentes como Bill Clinton o George W. Bush tardaron años en firmar sus primeros indultos y, al final de sus mandatos, aprobaron apenas entre 2 % y 6 % de las solicitudes recibidas. Trump, en cambio, ha hecho de la clemencia una herramienta política de primer orden. En el primer año de su segundo mandato, rompió todos los precedentes.
El mismo día de su juramentación, Trump indultó a más de 1.500 personas vinculadas con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. A ese grupo se sumaron decenas de personas investigadas por interferir en las elecciones de 2020, más de un centenar de condenados por distintos delitos federales y hasta una corporación del sector cripto, HDR Global Trading Limited. De los 90 indultos individuales otorgados hasta enero de 2026, apenas 12 cumplían con el criterio tradicional del Departamento de Justicia de haber finalizado su condena al menos cinco años antes.
Expertos en derecho constitucional coinciden en que el poder de clemencia es, en esencia, una prerrogativa “de rey”. El profesor Douglas Berman, de la Universidad Estatal de Ohio, ha advertido que colocar esa facultad exclusivamente en manos del presidente implica aceptar que sea profundamente politizada y moldeada por la visión ideológica del ocupante de la Casa Blanca.
A diferencia de administraciones anteriores, Trump no ha seguido el proceso ordinario de revisión del Departamento de Justicia. La mayoría de los indultados ni siquiera figura en la base de datos oficial de solicitudes, lo que sugiere decisiones directas desde el Despacho Oval. Aunque el Departamento de Justicia asegura que no ha habido cambios en el procedimiento, antiguos fiscales y exfuncionarios sostienen que el sistema de evaluación está prácticamente marginado.
Más allá de los números, los indultos han funcionado como mensajes políticos sin necesidad de pasar por el Congreso. Trump, por ejemplo, perdonó rápidamente a 19 personas acusadas de violar la ley FACE, que protege el acceso a clínicas de salud reproductiva. Según el profesor Mark Osler, exfiscal federal, la clemencia se ha convertido en una vía para enviar señales ideológicas sin riesgo judicial ni costos presupuestarios.
El perfil de los beneficiados también llama la atención. Cerca de la mitad de los indultos concedidos corresponden a delitos de cuello blanco, como fraude, soborno y evasión fiscal. Algunos beneficiarios tenían vínculos personales o financieros con el entorno político del trumpismo, reforzando la percepción de favoritismo. Estudios académicos sobre el primer mandato de Trump ya habían advertido una preferencia por celebridades, figuras provocadoras y delitos relacionados con la deshonestidad.
Entre los casos más controvertidos figuran el del rapero NBA YoungBoy, condenado por delitos federales de armas; el histórico líder criminal de Chicago Larry Hoover, cuya condena federal fue conmutada; el fundador de Binance Changpeng Zhao, indultado tras declararse culpable de delitos financieros; el congresista demócrata Henry Cuellar, perdonado pese a enfrentar cargos por soborno y lavado de dinero; y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y delitos con armas.
Para académicos como Rachel Barkow, de la Universidad de Nueva York, el problema no es solo el favoritismo —una práctica históricamente conocida— sino la magnitud y el uso estratégico de los indultos como mecanismo de recompensa política. La designación de Ed Martin, un aliado de Trump y defensor de los implicados en el 6 de enero, al frente de un grupo especial para revisar supuestas “persecuciones políticas”, refuerza la idea de un sistema de premios y castigos basado en la lealtad.
El resultado es un efecto colateral devastador: una avalancha de solicitudes de clemencia. A enero de 2026, hay más de 19.600 peticiones pendientes, la mayoría presentadas en 2025 y 2026. Miles de personas sin fama ni conexiones políticas esperan una respuesta que probablemente nunca llegará. Para Osler, se trata de una “falsa esperanza” que invisibiliza historias reales de reinserción y cambio, mientras el poder de indultar se consolida como una de las herramientas más políticas —y menos transparentes— del segundo mandato de Trump.
