La administración de Donald Trump bloqueó el pago de los honorarios legales de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, una decisión que agrava su situación judicial y refleja el alcance de las sanciones financieras impuestas contra el régimen venezolano. Con información de Associated Press (AP).
El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó a un juez federal de Manhattan que el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), retiró sin explicaciones la autorización que había concedido para permitir al gobierno venezolano pagar su defensa legal. La comunicación fue incorporada al expediente judicial público, confirmando que el bloqueo impide transferir fondos destinados a cubrir los honorarios del equipo legal del exmandatario.
Según Pollack, la OFAC había aprobado inicialmente el 9 de enero una licencia que autorizaba el pago de los abogados, en línea con las leyes y prácticas del Estado venezolano. Sin embargo, menos de tres horas después, esa autorización fue revocada, aunque se mantuvo vigente el permiso para financiar la defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro, también acusada en el mismo caso.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde su captura el 3 de enero, tras una operación militar estadounidense. Ambos se han declarado inocentes de los cargos presentados en su contra.
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La acusación formal, de 25 páginas, sostiene que Maduro y otros altos funcionarios colaboraron con cárteles de la droga y sectores militares para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Además, el expediente señala que la estructura criminal presuntamente ordenó secuestros, golpizas y asesinatos vinculados al cobro de deudas del narcotráfico, incluyendo la ejecución de un presunto capo en Caracas. De ser declarados culpables, Maduro y su esposa podrían enfrentar cadena perpetua.
El abogado del venezolano afirmó que la decisión del gobierno estadounidense interfiere directamente con su derecho constitucional a la defensa, al impedirle contratar abogados con los recursos del Estado venezolano. Según Pollack, Maduro “no puede costear de otra manera un abogado”, por lo que solicitará al tribunal mecanismos alternativos para garantizar su representación legal.
El conflicto sobre los honorarios está estrechamente vinculado a la política de sanciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano, vigente desde 2019. Permitir que el gobierno venezolano financie la defensa podría debilitar la posición de los fiscales estadounidenses, especialmente frente al argumento de Maduro de que goza de inmunidad como exjefe de Estado.
El caso pone de relieve el impacto directo de las sanciones financieras en los procesos judiciales internacionales y evidencia cómo el aislamiento económico impuesto por Washington continúa limitando el acceso del exjefe venezolano a recursos financieros, incluso en el contexto de su propia defensa penal.
