La detención en Italia del empresario venezolano Francisco Javier D’Agostino generó revuelo mediático en Europa y América Latina. El arresto se produjo el 5 de enero de 2026 en Bardonecchia, una localidad alpina cercana a la frontera con Francia, luego de que agentes policiales verificaran que sobre él pesaba una orden internacional de captura emitida por Venezuela en 2023. Con información de El Pitazo.
D’Agostino, residente desde hace años en Mallorca, es requerido por la justicia venezolana por presuntos delitos de tráfico ilícito de petróleo, fraude y falsificación de documentos. Las autoridades venezolanas lo señalan como parte de una red que habría desviado cargamentos de crudo mediante el uso de embarcaciones no registradas, con el objetivo de evadir las sanciones internacionales impuestas al régimen de Nicolás Maduro, capturado recientemente por Estados Unidos. En caso de ser extraditado y condenado, podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Pese a que el Tribunal de Apelación de Turín consideró que existían elementos suficientes para justificar la detención, los magistrados ordenaron su liberación inmediata. La decisión se basó en el riesgo de que, de ser entregado a Venezuela, el empresario pudiera ser sometido a condiciones penitenciarias contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos.
En su resolución, los jueces citaron informes recientes de Amnistía Internacional y de organismos de Naciones Unidas, que documentan graves violaciones de derechos humanos y la falta de garantías judiciales en Venezuela, factores que pesaron de forma determinante para frenar una eventual extradición.
En España, D’Agostino ha mantenido un perfil relativamente discreto, aunque su nombre ha aparecido vinculado a operaciones empresariales en los sectores inmobiliario, financiero y taurino. Ha mostrado interés en adquirir las plazas de toros de Palma de Mallorca y Jerez, y gestiona las de Inca y Muro junto a los hermanos Conde. También protagonizó un litigio millonario contra Manuel March por la venta de una finca histórica en Valldemossa.
Su trayectoria empresarial ha estado rodeada de controversias. En Estados Unidos, fue vinculado al grupo de empresarios venezolanos conocidos como los “bolichicos”, investigados por su participación en negocios energéticos durante los años de bonanza petrolera. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro llegó a sancionarlo por presuntas operaciones relacionadas con PDVSA, acusaciones que siempre negó. En enero de 2025 fue retirado de la lista de sancionados.
