El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó esta semana a un ciudadano venezolano por presuntamente liderar un esquema de lavado de dinero a gran escala que habría movido cerca de mil millones de dólares utilizando intercambios de criptomonedas, billeteras digitales y estructuras empresariales ficticias. Con información de Be in Crypto.
Según la acusación, los fondos entraban y salían de Estados Unidos y eran canalizados hacia jurisdicciones consideradas de alto riesgo, entre ellas Colombia, China, Panamá y México, lo que refuerza el carácter transnacional de la operación.
De acuerdo con los registros judiciales, Jorge Figueira, de 59 años, habría utilizado múltiples cuentas bancarias, plataformas de intercambio cripto, billeteras privadas y empresas fantasma para ocultar el origen ilícito del dinero y fragmentar los movimientos financieros, una técnica habitual para evadir los controles antilavado.
El esquema seguía un proceso escalonado. Primero, los fondos eran convertidos en criptomonedas y enrutados a través de una red de billeteras digitales. Posteriormente, los criptoactivos eran enviados a proveedores de liquidez, convertidos nuevamente en dólares y transferidos a cuentas bancarias controladas por el acusado o por intermediarios, antes de llegar a los destinatarios finales.
El agente especial del FBI, Reid Davis, señaló que Figueira habría reclutado subordinados y ejecutado decenas de transferencias con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de los fondos, facilitando potencialmente actividades criminales en varios países.
El caso está siendo procesado en el Distrito Este de Virginia. La fiscal federal Lindsey Halligan advirtió que el volumen de dinero involucrado representa riesgos sustanciales para la seguridad pública, al permitir que organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y consoliden sus redes financieras. De ser declarado culpable, Figueira enfrenta hasta 20 años de prisión.
Criptomonedas y lavado: una tendencia al alza
Esta acusación se suma a una serie de investigaciones abiertas durante el último año que evidencian el creciente uso de criptoactivos para facilitar flujos financieros ilícitos, pese al aumento de la supervisión regulatoria.
Un informe reciente de Chainalysis revela que en 2025 las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron al menos 154.000 millones de dólares, un incremento del 162 % respecto al año anterior.
El informe destaca además un cambio estructural en el tipo de activos utilizados. Mientras en 2020 Bitcoin concentraba la mayor parte de las transacciones ilícitas, en 2025 las stablecoins pasaron a representar más del 80 % del volumen total, desplazando a BTC a un rol secundario.
Como consecuencia, los principales emisores de monedas estables han comenzado a intervenir de forma más activa. Tether, emisor del USDT, congeló recientemente más de 180 millones de dólares en un solo día tras detectar actividad sospechosa en billeteras vinculadas a la red Tron.
El episodio confirma un patrón cada vez más visible: la coordinación entre agencias policiales, emisores de stablecoins y plataformas de análisis blockchain se ha convertido en una pieza clave para rastrear, bloquear y desmantelar esquemas de lavado que operan a escala global.
