El régimen venezolano convirtió un mecanismo diseñado para atraer inversión petrolera en medio de las sanciones internacionales en un nuevo capítulo de favores políticos y opacidad. Así lo documenta el reportaje “Amiguismo crudo”, publicado por Armando.info, que examina la entrega de un contrato petrolero estratégico a una empresa sin experiencia comprobada en el sector.
La investigación se centra en los Contratos de Participación Productiva (CPP), una figura creada para permitir la incorporación de actores privados en la explotación de crudo sin pasar por los esquemas tradicionales de empresas mixtas. Estos contratos fueron promovidos y adjudicados cuando Delcy Rodríguez ocupaba el Ministerio de Petróleo.
Uno de los casos más llamativos es el del campo Melones, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco y con reservas estimadas en unos 300 millones de barriles de crudo. El área fue asignada a Territorio Trading Group, una empresa registrada en España en 2024, sin historial conocido en exploración o producción petrolera.
Según Armando.info, la compañía no ha demostrado contar con capacidad técnica, financiera ni operativa para desarrollar un proyecto de esa magnitud. Aun así, recibió acceso a uno de los activos energéticos más valiosos del país, en un contexto de colapso productivo y extrema necesidad de ingresos para el régimen.
El administrador de la empresa es Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano con vínculos personales y comerciales con figuras cercanas al expresidente Rafael Correa. El reportaje subraya que estas conexiones políticas, y no criterios técnicos, parecen haber pesado en la adjudicación del contrato.
La investigación también destaca el rol de exfuncionarios económicos ecuatorianos que, desde hace años, han asesorado a Delcy Rodríguez y han tenido influencia en decisiones clave del área económica y petrolera del régimen venezolano.
Para Armando.info, el caso del campo Melones ilustra cómo los CPP terminaron siendo utilizados como una herramienta discrecional para repartir acceso al petróleo entre aliados políticos y empresarios afines, profundizando la falta de transparencia y debilitando aún más la ya erosionada institucionalidad del sector energético venezolano.
