La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, responsabilizó este jueves a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de graves violaciones a los derechos humanos y de conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad cometidos durante protestas sociales desde 2014. Con información de CNN.
En su informe más reciente, la Misión documenta los resultados de investigaciones sobre las manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024, y analiza de manera específica el rol desempeñado por la GNB, cuerpo militar adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El documento concluye que, en el marco de protestas opositoras, efectivos de la Guardia incurrieron de forma reiterada en represión y uso excesivo de la fuerza, con un saldo de decenas de personas fallecidas.
Entre las conductas atribuidas a funcionarios de la GNB figuran detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia sexual y violencia basada en género. La Misión sostiene que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón de actuación sostenido en el tiempo.
En relación con las protestas de 2019, cuando sectores opositores se movilizaron para respaldar la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino, el informe señala que la Guardia Nacional actuó de manera coordinada con otros cuerpos de seguridad. Según la investigación, estos operativos incluyeron allanamientos sin orden judicial, siembra de pruebas, incomunicación prolongada de detenidos, condiciones de reclusión inhumanas y una represión selectiva dirigida contra dirigentes opositores.
Sobre los hechos ocurridos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 —cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición—, la Misión afirma que las violaciones documentadas confirman la continuidad de un patrón de persecución política previamente identificado. “Las graves violaciones de derechos humanos y delitos cometidos en el período posterior a las elecciones reflejan la persistencia de conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, en particular el delito de persecución por motivos políticos”, señala el texto.
El informe subraya que estas acciones respondieron a un plan coordinado para silenciar, intimidar y reprimir a personas opositoras o percibidas como tales por el régimen de Nicolás Maduro, utilizando a los cuerpos de seguridad del Estado como instrumentos de control político.
Aunque la Misión insta a que los responsables rindan cuentas ante la justicia, también concluye que en Venezuela no existen condiciones mínimas para una rendición de cuentas efectiva. Según el documento, la información divulgada por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo es fragmentaria, parcial y en ocasiones contradictoria, lo que impide evaluar de forma objetiva cualquier avance real en materia de justicia.
“La ausencia de datos públicos claros, completos y homogéneos imposibilita determinar la evolución de los procesos de investigación y sanción”, advierte el informe.
El régimen venezolano ha rechazado de forma reiterada este tipo de señalamientos y sostiene que las detenciones realizadas en el contexto de protestas respondieron a supuestos actos de desestabilización. Tras los comicios de 2024, Nicolás Maduro ordenó revisar algunos expedientes alegando fallas de procedimiento, lo que derivó en la liberación de cientos de detenidos, sin que ello alterara el patrón general documentado por la ONU.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela fue creada en septiembre de 2019 para evaluar posibles abusos cometidos desde 2014. Su mandato fue prorrogado recientemente hasta octubre de 2026.
