La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la imposición de sanciones económicas contra varios familiares y allegados de la familia Flores-Malpica, estrechamente vinculados al entorno de Nicolás Maduro.
La medida forma parte de una estrategia estadounidense orientada a desmantelar las estructuras financieras que sostienen al régimen venezolano, señaladas de facilitar actividades corruptas y redes de influencia internacional.
Los nuevos sancionados
El 11 de diciembre de 2025, OFAC designó a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores (esposa de Maduro), por sus roles en operaciones financieras transnacionales y vínculos con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
A partir de esa base, la entidad estadounidense amplió la lista de individuos bloqueados para incluir a: 
• Eloisa Flores de Malpica (madre de Malpica Flores)
• Carlos Evelio Malpica Torrealba (padre)
• Iriamni Malpica Flores (hermana)
• Damaris del Carmen Hurtado Pérez (esposa)
• Erica Patricia Malpica Hurtado (hija adulta)
• Roberto Carretero Napolitano
• Vicente Luis Carretero Napolitano
(estos últimos dos vinculados a la red de negocios del empresario panameño Ramón Carretero). 
La inclusión en la lista de sancionados del Tesoro implica que: 
• Todos los bienes y activos de estas personas bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y sujetos a reporte obligatorio.
• Se prohíben transacciones o servicios de cualquier tipo por parte de personas o empresas bajo control de EE. UU., salvo autorización expresa.
• Las entidades que sean propiedad de estos individuos también quedan afectadas automáticamente.
Las sanciones pueden acarrear castigos civiles o penales tanto para personas dentro como fuera de EE. UU. que violen las normas de OFAC. 
El Tesoro estadounidense sostiene que las personas ahora sancionadas han aprovechado sus vínculos familiares con el poder en Venezuela para facilitar prácticas corruptas y operaciones con el Estado, especialmente en sectores vinculados a PDVSA y finanzas transnacionales. La acción se enmarca en la aplicación de órdenes ejecutivas diseñadas para desarticular redes que sostienen regímenes que Washington considera ilegítimos y corruptos. 
Esta medida se suma a una creciente serie de acciones punitivas impulsadas por el Departamento del Tesoro para presionar no solo al régimen de Maduro, sino también a intermediarios y facilitadores extranjeros que sostienen estructuras de poder y evasión de sanciones en diversas regiones. 
