El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado una comisión rogatoria a Venezuela para que las autoridades del país certifiquen si la justicia controlada por el régimen de Nicolás Maduro archivó causas penales contra el empresario Alejandro Betancourt, imputado en España por delitos fiscales y blanqueo de capitales. La solicitud busca verificar si Betancourt mintió al asegurar que ya había sido exonerado en Venezuela por los mismos hechos que hoy se investigan en Madrid. Con información de El Periódico.
Betancourt, identificado periodísticamente como uno de los “bolichicos”, es cofundador de Derwick Associates y ha participado en inversiones relevantes en el sector energético venezolano. Un informe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía lo vinculó con “múltiples casos de corrupción en Venezuela y Estados Unidos”. No obstante, el empresario sostiene que las causas abiertas en su país de origen fueron archivadas, argumento que ahora está siendo puesto a prueba por el magistrado instructor.
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
La investigación en la Audiencia Nacional se centra en presuntos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales procedentes de empresas estatales venezolanas, entre ellas Petróleos de Venezuela. Según la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían saqueado fondos públicos y, a través de sociedades interpuestas, adquirido inmuebles de alto valor en España con dinero de origen ilícito.
El movimiento de Pedraz recuerda la estrategia seguida por el empresario Raúl Antonio Gorrín, quien logró que se archivara una causa en España tras alegar que había sido exonerado en Venezuela. En ese procedimiento, la propia Fiscalía Anticorrupción advirtió sobre la “falta de independencia del sistema judicial venezolano”, una situación documentada por organismos internacionales, incluidos mecanismos de Naciones Unidas y del sistema interamericano.
El pasado 17 de junio de 2025, Anticorrupción presentó una querella contra Betancourt, su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario Francisco Convit Guruceaga y otros implicados, según informó El País. Mientras en España una causa ya ha sido cerrada, fuentes jurídicas señalan que en Estados Unidos algunos involucrados habrían reconocido hechos relacionados con la trama. Pese a ello, los investigados sostienen ante la Audiencia Nacional que los fondos invertidos en España proceden de herencias familiares y negocios legales, una versión que ahora choca con el avance de las pesquisas judiciales.
