Una investigación policial sobre el lavado de dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), a la que Infobae tuvo acceso, expone una pieza más del rompecabezas financiero del mayor grupo criminal de Brasil. El hallazgo parte de una transacción inmobiliaria realizada en 2018 entre familiares cercanos de dos figuras clave: Gilberto Aparecido dos Santos, alias Fuminho, y Flávio Silvério Siqueira, conocido como Flavinho. Para los investigadores, este movimiento patrimonial revela la profundidad de las conexiones económicas que sustentan el poder del PCC. Con información de Infobae.
Fuminho, considerado el principal lugarteniente de Marcola —líder histórico de la organización—, estuvo prófugo durante 21 años. Desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, coordinaba envíos de drogas y armas hacia Brasil, además de cargamentos de cocaína hacia Europa y África ocultos en contenedores. Fue detenido en 2020 en Mozambique. En los últimos días, el senador Marcos do Val ha solicitado que Fuminho sea citado a declarar ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado, un espacio donde la élite criminal del país comienza a ser convocada.
En paralelo, el empresario Flávio Siqueira se convirtió en el objetivo central de la operación Spare, continuación de la operación Carbono Oculto. Los fiscales identificaron una red gigantesca: unas 400 estaciones de servicio, de las cuales la mitad estaban directamente vinculadas a Siqueira y sus socios. El grupo utilizaba estos negocios para evasión fiscal y blanqueo de capitales, ocultando dinero ilícito principalmente proveniente del juego clandestino. Los fondos se transferían a moteles, gasolineras, emprendimientos inmobiliarios y empresas de papel, antes de llegar a una fintech llamada BK Bank, que los canalizaba mediante una figura especialmente opaca: la “cuenta-bolsillo”, un mecanismo diseñado para mezclar el dinero de miles de clientes en una sola cuenta bancaria, borrando la trazabilidad. El Banco Central cerrará la puerta a estas cuentas a partir del 1 de diciembre, obligando a su clausura inmediata cuando se detecten operaciones irregulares.
La operación Spare destapó además vínculos directos con miembros del PCC. Según el Gaeco paulista, los traficantes Cabelo Duro y Japa, conocidos operadores de la facción, visitaron una casa de Siqueira en el municipio de Itu. La defensa del empresario insiste en que se trata de persecución institucional y niega cualquier vínculo con el crimen organizado.
Las revelaciones llegan en un momento de expansión acelerada de las organizaciones criminales en Brasil. El país escaló del puesto 22 al 14 en el Índice Global de Crimen Organizado 2025 publicado esta semana por GI-TOC, reflejando una presencia cada vez más violenta y sofisticada de grupos como el PCC y el Comando Vermelho. La reciente megaoperación Contención, que dejó 121 muertos en el Complexo do Alemão y Penha, avivó aún más la sensación de inseguridad. Una encuesta de Genial/Quaest revela que 38% de los brasileños considera la violencia como la principal preocupación nacional, el nivel más alto en más de un año. La presión social impacta ya en el terreno político: la aprobación del Gobierno de Lula cae a 47%, con un rechazo de 50%.
La violencia cotidiana también golpea en escenas tan extremas como el secuestro ocurrido esta semana en la autopista Rodoanel Mário Covas, donde un camionero terminó atado a una bomba —luego descubierta como falsa— después de que delincuentes intentaran desviar su vehículo para transportar armas. El conductor se desmayó al ser rescatado por los artificieros.
En el plano legislativo, la discusión del proyecto de ley antifacción, impulsado por el diputado y exsecretario de Seguridad de São Paulo, Guilherme Derrite, mantiene dividido al Congreso. Tras fuertes críticas, especialmente de la Policía Federal, el ponente ha modificado el texto varias veces. La versión que se votará el martes crea una definición de “facción criminal” ligada a grupos que emplean violencia o intimidación para controlar territorios o economías ilegales, pero evita establecer un delito autónomo como pretendía el Gobierno. Entre sus novedades se incluyen penas más duras por el uso de drones y por ataques contra jueces y fiscales, además de una nueva distribución de bienes incautados, con una parte dirigida al fondo de la Policía Federal.
A escala regional, Brasil dio un paso clave al incorporarse a la Comisión Estratégica del Mercosur contra la Delincuencia Organizada Transnacional, junto a Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Panamá. El objetivo es coordinar la lucha contra organizaciones que ya operan sin fronteras, con Brasil ejerciendo la presidencia del grupo.
Las últimas operaciones, las cifras de violencia y el avance legislativo dejan en evidencia un escenario inquietante: el crimen organizado brasileño no solo se ha expandido territorialmente, sino que ha sofisticado sus estructuras financieras, penetrando negocios legales, plataformas tecnológicas y hasta el sistema político. Un país donde las facciones ya no son un fenómeno marginal, sino un actor determinante en la economía ilícita del continente.
