La Fiscalía General de Cuba informó la imputación formal del exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, por una larga lista de delitos que incluyen espionaje, malversación, tráfico de influencias, falsificación de documentos, evasión fiscal y lavado de activos. De acuerdo con el comunicado oficial, también se le acusa de cohecho, sustracción y daño de documentos en custodia oficial, así como infracción de normas de protección de documentos clasificados. Con información de EFE.
La investigación penal estuvo a cargo del Ministerio del Interior, bajo control directo de la Fiscalía, que finalmente ejerció acción penal pública y remitió el caso al tribunal correspondiente.
Alejandro Gil es el alto funcionario de mayor rango procesado por corrupción en Cuba en décadas. Fue destituido en febrero de 2024 y un mes después, el mandatario Miguel Díaz-Canel confirmó que enfrentaba graves señalamientos por corrupción, obligándolo a renunciar a su cargo dentro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y a su curul como diputado.
El exministro ha permanecido en prisión provisional durante un año y siete meses, hasta que se formalizó la acusación.
En aquel momento, Díaz-Canel declaró:
“La dirección de nuestro partido y del Gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”.
La imputación contra Gil se interpreta como el punto más alto de una campaña anticorrupción impulsada por el régimen cubano en medio del creciente descontento social por la profunda crisis económica que atraviesa el país.
Gil estuvo al frente del Ministerio de Economía y Planificación entre 2018 y 2024 y fue responsable de la Tarea Ordenamiento, la polémica reforma monetaria de 2021 que buscaba eliminar la doble moneda pero terminó agravando la inflación y la escasez. También promovió los aumentos de precios del combustible —de hasta 400 %— en un intento de frenar el colapso económico.
Con esta acusación, el régimen intenta enviar una señal de “tolerancia cero” frente a la corrupción, mientras la crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y la falta de transparencia siguen alimentando el malestar ciudadano dentro de la isla.
