Estados Unidos dio un paso el lunes al designar formalmente como Organización Terrorista Extranjera (FTO) al llamado Cártel de los Soles, una etiqueta que abre la puerta a acciones punitivas mucho más severas contra Venezuela y que coloca a Nicolás Maduro —a ojos de Washington— como el líder de una red criminal transnacional. Con información de El Mundo.
La decisión, publicada en el Registro Federal y anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, entra en vigor de inmediato. El documento oficial asegura que, tras revisar el expediente administrativo y consultar con el Fiscal General y el Departamento del Tesoro, existe “base fáctica suficiente” para aplicar el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al Cártel de los Soles y a todos sus alias. El Tesoro ha replicado la designación en su página institucional, reforzando el estatus terrorista de la organización.
El régimen de Maduro reaccionó con furia. El canciller Yván Gil calificó la medida de “ridícula patraña”, insistiendo en que el Cártel de los Soles “no existe” y acusando a Washington de buscar justificar una intervención. La narrativa del régimen intenta desestimar un término que, aunque difuso, lleva más de tres décadas describiendo la participación de mandos militares, funcionarios y redes políticas venezolanas en actividades de narcotráfico, contrabando y minería ilegal.
El concepto del Cártel de los Soles empezó a tomar forma en los años 90, cuando se reconfiguraron las rutas de envío de cocaína tras la caída del Cartel de Medellín. Con el tiempo, se convirtió en un paraguas para referirse a un entramado criminal donde participan militares identificados por los soles dorados de sus insignias. Entre los primeros señalados figuran los generales Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, vinculados a operaciones ilícitas desde los organismos antidroga de la Guardia Nacional.
Estados Unidos sostiene que Maduro, en su condición de jefe de Estado, es responsable directo y líder de esa estructura criminal, y mantiene una recompensa millonaria por información que facilite su captura. Durante el primer mandato de Donald Trump ya se habían activado recompensas y acusaciones formales; ahora, la retórica ha regresado con mayor intensidad, acompañada del despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.
En esta legislatura, Trump ha catalogado como organizaciones terroristas a diversos cárteles sudamericanos, una figura que facilita operaciones militares directas en aguas internacionales e incluso en territorio extranjero. El precedente inmediato son las lanchas destruidas por fuerzas estadounidenses en el Caribe, acciones que Washington justificó como operaciones contra narcotraficantes pero que dejaron decenas de muertos. En la práctica, esta nueva clasificación habilita intervenciones contra infraestructuras militares, puertos o aeropuertos operados por fuerzas bolivarianas.
La tensión se ha disparado en las últimas horas. La prensa estadounidense destaca que Trump decidió no viajar a Florida este fin de semana —algo inusual— alimentando rumores sobre una posible acción militar contra Venezuela. Varias aerolíneas han cancelado vuelos hacia y desde el país, el espacio aéreo muestra restricciones inusuales, y mandos militares en EEUU recibieron órdenes de permanecer en sus bases durante la semana de Acción de Gracias.
Reuters informó el sábado que el Pentágono se prepara para “una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela” en los próximos días. Aunque no se han revelado detalles, en Washington se da por hecho un movimiento inminente, especialmente tras conocerse que la Casa Blanca autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas contra el régimen.
Nadie habla de invasión. Pero sí de ataques dirigidos contra instalaciones militares estratégicas, puertos clave y aeropuertos controlados por el régimen, considerados por Washington piezas fundamentales del narcotráfico estatalizado. Para la administración Trump, la salida de Maduro —por renuncia, exilio o entrega— es condición indispensable para restaurar la democracia y convocar elecciones libres en un país donde el régimen se negó a reconocer la victoria de Edmundo González, ocultando las actas de votación y consolidando el fraude electoral más grave de su historia reciente.
