El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, anunció una serie de operaciones militares en el Caribe para “eliminar embarcaciones de narcoterrorismo procedentes de Venezuela”. Desde septiembre de 2025, Washington informó de lanchas destruidas y tripulaciones “neutralizadas”, asegurando que se trataba de grupos vinculados al tráfico de drogas y, en algunos casos, al terrorismo. La narrativa oficial apuntaba a una estructura criminal conectada con el régimen de Nicolás Maduro.
Pero una investigación de Associated Press revela un cuadro muy distinto: varios de los hombres abatidos no eran narcotraficantes ni miembros de organizaciones criminales, sino pescadores, campesinos y trabajadores pobres que aceptaron transportar mercancía para sobrevivir. Sus familias relataron que nunca tuvieron relación con cárteles ni estructuras de poder, y que el relato de Washington distorsionó la realidad para justificar el uso de fuerza militar en alta mar.
Los investigadores encontraron, además, que las rutas de estas embarcaciones no apuntaban a Estados Unidos, sino a islas del Caribe o hacia Europa y África occidental. En algunos casos, lo que se transportaba ni siquiera era cocaína, sino marihuana en cantidades que no se corresponden con el discurso de “gran amenaza internacional”. Expertos consultados advirtieron que clasificar a estas personas como “combatientes” para legitimizar ataques podría violar el derecho internacional.
Mientras EE.UU. sostiene que golpea las finanzas del régimen de Maduro al atacar supuestas “rutas narco”, el caso expone el costo humano de esa estrategia: hombres que no tuvieron derecho a juicio, familias que nunca recuperaron los cuerpos y una narrativa oficial construida sobre información incompleta o manipulada. La “guerra al narcotráfico” se convierte así en un terreno gris donde la frontera entre seguridad y ejecución extrajudicial se vuelve cada vez más delgada.
Para el régimen de Maduro, estas operaciones alimentan su discurso de victimización: responsabiliza a Washington de una “agresión imperial” mientras continúa negando la presencia de redes criminales que operan desde Venezuela con protección de altos mandos. Para los pescadores y sus familias, no hay narrativa geopolítica que valga: quedaron atrapados entre un Estado que abandona y un país extranjero que dispara primero y pregunta después.
La AP deja una conclusión incómoda: la guerra contra las drogas se está librando sobre cuerpos de gente pobre y sin poder, mientras los verdaderos beneficiarios del narcotráfico —los altos operadores financieros y políticos— siguen intactos.
