El jefe de la Dirección Antidrogas del Perú (Dirandro), general Nilton Reynaldo, aseguró que en el país no existen grandes cárteles de la droga, sino clanes familiares que se encargan de la producción, acopio y transporte de cocaína, operando como eslabones en una red que conecta con organizaciones criminales extranjeras. Según explicó, estos grupos funcionan como pequeñas empresas delictivas que concentran el control local de zonas cocaleras y rutas estratégicas, sin responder a un mando centralizado. Con información de Infobae.
El modelo peruano difiere del de países como México o Colombia. En lugar de estructuras jerárquicas con líderes visibles, en Perú predominan familias dedicadas al narcotráfico desde hace décadas, que mantienen vínculos con emisarios de cárteles internacionales encargados de la logística, el transporte y el lavado de activos. La fragmentación del negocio hace que las operaciones sean más difíciles de rastrear y judicializar, ya que la responsabilidad se diluye entre numerosos actores locales.
El general Reynaldo señaló que la droga sale principalmente del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), considerado el epicentro de la producción de hoja de coca en el país. Desde allí, la mercancía se moviliza mediante rutas aéreas, fluviales y terrestres. Avionetas clandestinas despegan hacia Bolivia y Brasil, mientras que en las fronteras amazónicas se utilizan ríos y pasos poco controlados. También se ha detectado el uso de puertos como Callao, Paita y Chancay, donde la cocaína se camufla en contenedores. A esto se suman los llamados “burriers”, jóvenes que transportan droga impregnada en ropa o equipaje con destino a Europa y Asia.
La demanda internacional de cocaína no deja de crecer. Las autoridades estiman que cada año se suman casi un millón de nuevos consumidores en el mundo, lo que mantiene la presión sobre los productores peruanos. En paralelo, los decomisos de droga han aumentado, pero las instituciones aún enfrentan limitaciones estructurales. La Dirandro y la Fiscalía han identificado a más de 120 policías implicados en redes de narcotráfico, incluidos miembros de unidades antidrogas. Casos recientes también han revelado coordinaciones entre funcionarios policiales y narcotraficantes extranjeros, lo que evidencia el nivel de infiltración y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.
A esta situación se suma la presencia de organizaciones criminales extranjeras. Especialistas han advertido sobre la posible infiltración de redes asociadas al Cártel de los Soles —vinculado al régimen venezolano— en territorio peruano, así como la participación de emisarios de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En los últimos años, además, el Tren de Aragua ha expandido su influencia en actividades de narcotráfico, extorsión y trata de personas dentro del país.
El fenómeno del narcotráfico en Perú combina fragmentación local, corrupción institucional y conexiones transnacionales. La ausencia de un gran cartel no implica menor riesgo: al contrario, el modelo descentralizado basado en clanes familiares permite que el negocio sea más flexible, menos visible y difícil de desarticular. Para las autoridades, el desafío no solo es enfrentar el tráfico de drogas, sino reconstruir la capacidad del Estado para contener un sistema criminal que se adapta constantemente a las debilidades institucionales.
