El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva ordenando al Pentágono utilizar a las fuerzas armadas contra determinados cárteles latinoamericanos que su gobierno ha clasificado como organizaciones terroristas. La medida, confirmada por fuentes con conocimiento del asunto, marca la escalada más agresiva en la campaña de la Casa Blanca para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales, extendiendo el rol militar a lo que históricamente ha sido un ámbito de actuación policial. Con información de The New York Times.
La orden abre la puerta a operaciones militares directas, tanto en alta mar como en territorio extranjero, contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel de los Soles. Este último fue incluido recientemente en la lista de grupos terroristas globales, acusado por Washington de estar dirigido por Nicolás Maduro y altos cargos de su régimen. Paralelamente, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado duplicaron a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, imputado por narcotráfico.
Funcionarios militares estadounidenses ya trabajan en opciones operativas, aunque la orden plantea complejos dilemas legales: desde la posible calificación como “asesinato” de muertes fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, hasta el alcance de la autoridad presidencial para actuar en defensa propia nacional. Expertos advierten que, sin autorización legislativa específica, cualquier acción bélica contra cárteles tendría que sustentarse en interpretaciones amplias del poder constitucional del presidente.
Trump, quien en su primer mandato llegó a considerar bombardear laboratorios de drogas en México, ha hecho de esta estrategia un eje central de su segundo período, prometiendo “declarar la guerra” a los cárteles. En febrero, el Departamento de Estado los etiquetó como amenaza a la seguridad nacional “más allá de la delincuencia organizada tradicional”, y Marco Rubio —secretario de Estado y asesor de seguridad nacional— defendió tratarlos como “organizaciones terroristas armadas”.
Las operaciones previstas podrían incluir captura o eliminación de objetivos de alto valor, aunque también se baraja transferir detenidos al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento. No obstante, especialistas en derecho internacional advierten que acciones militares unilaterales en territorio extranjero, sin consentimiento del país afectado, constituirían una grave violación del derecho internacional.
En abril, Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, permitir el ingreso de tropas estadounidenses para combatir cárteles en su territorio, oferta que fue rechazada. La ofensiva contra el narcotráfico también incluye operaciones encubiertas de la CIA con drones para identificar laboratorios de fentanilo y una intensificación de la vigilancia fronteriza por parte del Comando Norte.
Con esta directiva, Washington se adentra en un terreno legal y diplomático sensible, apostando por una respuesta militar directa que, de ejecutarse, reconfiguraría de forma drástica la política antidrogas estadounidense en América Latina.
