El sistema financiero internacional enfrenta una creciente amenaza ante la fragmentación de su supervisión. Así lo advirtió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su más reciente informe, donde alerta que los controles obsoletos, la tecnología no regulada y el incumplimiento generalizado de los estándares globales están facilitando la financiación de programas de armas de destrucción masiva por parte de actores estatales y no estatales.
El documento, titulado “Complejos esquemas de financiación de la proliferación y evasión de sanciones”, describe un entorno de alto riesgo, agravado por la falta de regulación efectiva sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). A abril de 2024, tres cuartas partes de los países evaluados por el GAFI no cumplían o solo cumplían parcialmente con las normas en esta materia, lo que ha dejado al sector expuesto a la explotación por redes asociadas a Corea del Norte, Irán y Rusia.
La República Popular Democrática de Corea (RPDC) sigue siendo el principal actor involucrado en la financiación de la proliferación a nivel mundial, según el informe. Pyongyang ha recurrido sistemáticamente al robo de criptomonedas, la creación de empresas fachada, el uso de documentos falsos y el despliegue de personal informático en el extranjero para evadir sanciones y recaudar miles de millones en divisas. En un caso reciente, Corea del Norte habría sustraído 1.500 millones de dólares en activos digitales de la plataforma ByBit en febrero de 2025.
Los mecanismos descritos por el GAFI incluyen el uso de identidades de buques alteradas, documentación aduanera fraudulenta, redes comerciales opacas y herramientas financieras descentralizadas, lo que ha permitido a estos actores esquivar controles de exportación y sanciones financieras internacionales. Sectores como el marítimo, la tecnología financiera y las zonas francas han sido sistemáticamente explotados a través de intermediarios en terceros países.
Las cifras son contundentes: solo el 13% de los países miembros del GAFI o de organismos regionales similares cumplen plenamente con la Recomendación 7 —la norma que exige la aplicación de las sanciones de la ONU contra la proliferación—, mientras que el 46% fue calificado como parcial o totalmente incumplidor. Además, apenas el 16% de los países evaluados ha demostrado una eficacia alta o sustancial en la aplicación de dichas sanciones.
El informe también advierte que muchas jurisdicciones no han realizado evaluaciones adecuadas sobre riesgos de financiación del terrorismo y algunas, de forma preocupante, aseguran no tener vulnerabilidad alguna, ignorando los profundos cambios tecnológicos y geopolíticos que caracterizan el escenario actual.
Aunque la RPDC es el único país sujeto a sanciones de la ONU por proliferación, el GAFI destaca que sus Estados miembros han identificado también a Irán y Rusia como amenazas relevantes. En el caso iraní, se documenta el papel de grupos intermediarios como Hezbolá en el contrabando de petróleo, el desarrollo de armas y el lavado global de dinero a través de casas de cambio y operadores de oro. Rusia, por su parte, figura en varios estudios de caso relacionados con esquemas de evasión de controles de exportación, redes empresariales ficticias y un tratado firmado en 2024 con Corea del Norte que consolida vínculos bancarios y económicos más profundos.
Este acuerdo, según el GAFI, introduce nuevas vulnerabilidades en el sistema financiero internacional. Actualmente, más de 50 representantes bancarios norcoreanos operan fuera de su país pese a que resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU exigen su expulsión.
Entre las reformas urgentes recomendadas por el organismo, se destacan: la actualización constante de las tipologías de financiación de la proliferación, una mayor cooperación público-privada para compartir información sobre transacciones sospechosas, la inclusión de una definición oficial de financiación de la proliferación en el glosario del GAFI y una revisión transversal global de las evaluaciones nacionales en un plazo máximo de tres años.
El informe también denuncia que la disolución del Panel de Expertos de la ONU creado bajo la Resolución 1718, tras un veto impuesto por Rusia, ha debilitado la capacidad internacional para monitorear las violaciones de las sanciones impuestas a Corea del Norte.
El documento cierra con indicadores diseñados para ayudar a instituciones financieras y autoridades regulatorias a detectar actividades sospechosas asociadas con redes de financiación de la proliferación. Consultadas por el GAFI, las misiones diplomáticas de Corea del Norte, Irán y Rusia no ofrecieron comentarios al respecto.
