CCD | La presidente de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional enfatizó que es necesario documentar cualquier hecho violatorio de los derechos humanos.
Luego del anuncio del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, sobre la activación de la “segunda fase” del Plan Zamora en el estado Táchira, la presidenta de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, destacó que el instrumento puesto en marcha en el país no goza de “mecanismos de control democrático”, porque ninguna autoridad ha explicado en qué consiste, cuál es su alcance y sus repercusiones.
“Nadie ha podido dar cuenta de haberlo leído y haber revisado si se sujeta a los estándares internacionales de las normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”, dijo San Miguel en entrevista ofrecida a El Pitazo Radio.
La abogada destacó que hasta ahora se ha evidenciado que la activación del plan ha tenido “efectos muy graves” en los ciudadanos, porque ha servido como justificación para la violación de derechos humanos, que incluye ejecuciones sumarias contra manifestantes y la aplicación de tribunales militares contra civiles.
San Miguel agregó que cada vez que se anuncia la puesta en rigor del Plan Zamora se registra la actuación de grupos armados contra civiles con total impunidad. “Pareciera que se articula una codificación hacia sectores armados cada vez que se anuncia”, subrayó, y sostuvo además que los cuerpos militares en vez de repeler y neutralizar la acción de los llamados colectivos, así como alteraciones del orden público, como los saqueos, permiten que la población “actúe por la libre”, dando pie a la anarquía, mientras que en otros zonas del país “actúan criminalmente contra la población civil”.
En ese sentido, refirió que es “muy importante” que la sociedad civil se organice para documentar eficazmente cualquier violación a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. La idea es poder informar a abogados, defensores de derechos humanos y medios de comunicación, con la finalidad de hacer visible lo que ocurre en el país y elevar las denuncias a organismos e instituciones internacionales. “Ya el caso Venezuela está llegando a instancias de las Naciones Unidas, y la presencia masiva de armas contra la población civil es un asunto que hace clic en el Consejo de Seguridad y el sistema internacional de Naciones Unidas”, aseguró.
San Miguel aseveró que más allá de propiciar una golpe de Estado, el Gobierno nacional podría estar buscando la fractura de la Fuerza Armada Nacional, lo que podría configurar un estado “preconfigurativo” de una guerra civil. “Las guerras civiles ocurren cuando hay la capacidad de grupos armados de controlar una parte del territorio, y la única posibilidad de que esto ocurra es que se parta la Fuerza Armada”, concluyó.
Fuente: El Pitazo
