Una investigación publicada por Reuters este 11 de noviembre reveló cómo las conexiones políticas entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y John Addison, un influyente operador de la comercializadora internacional Vitol, habrían facilitado el acceso de la compañía a uno de los negocios petroleros más lucrativos surgidos tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. La empresa obtuvo una autorización especial para comercializar crudo venezolano sin un proceso competitivo de adjudicación, una decisión que ha despertado interrogantes en el Congreso estadounidense sobre transparencia, influencia política y posibles conflictos de intereses.
Según la investigación, el 27 de diciembre de 2025, una semana antes de la operación militar estadounidense en Venezuela, Vance y Addison habrían coincidido en el exclusivo Yellowstone Club de Montana. Registros de vuelo examinados por Reuters confirmaron que sus respectivos aviones estuvieron estacionados en el mismo aeropuerto. Una fuente familiarizada con el asunto aseguró que ambos conversaron sobre la posibilidad de comercializar petróleo venezolano si Estados Unidos asumía el control de sus suministros. Sin embargo, tanto Addison como la oficina del vicepresidente negaron que ese encuentro se hubiera producido.
El 5 de enero, apenas dos días después de la captura de Maduro, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, llamó personalmente a Addison para ofrecer a Vitol la oportunidad de participar en la comercialización del petróleo venezolano. Aunque Addison estaba especializado en operaciones con gasolina en Estados Unidos y no en crudo latinoamericano, su relación con Vance habría contribuido a establecer el contacto. Un funcionario estadounidense confirmó que el vicepresidente había recomendado previamente a Addison como una persona confiable dentro de la industria energética, aunque el Departamento de Energía negó que Vance y Wright hubieran discutido las ventas de petróleo venezolano.
Las conexiones políticas de Addison también incluyen importantes contribuciones electorales. En 2022 aportó USD 300.000 a un comité de acción política que respaldó la candidatura de Vance al Senado. Posteriormente, en 2024, Addison y su esposa realizaron donaciones por aproximadamente USD 7 millones a organizaciones políticas, incluidos USD 5 millones destinados a un comité que apoyaba el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Estos antecedentes han intensificado las dudas sobre la posible influencia de los donantes políticos en la asignación de oportunidades comerciales relacionadas con los recursos venezolanos.
Vitol y su competidora Trafigura recibieron autorizaciones especiales durante los primeros días de enero, sin que mediara una licitación competitiva. Ambas compañías han participado en la comercialización de petróleo venezolano en un mercado que, según estimaciones citadas por Reuters, podría haberles generado cientos de millones de dólares en beneficios. El especialista en financiamiento energético Tom Seng calculó márgenes de entre USD 3 y USD 3,50 por barril comercializado. No obstante, las empresas no divulgan las ganancias individuales de sus operaciones y esas estimaciones no han podido verificarse de manera independiente.
La investigación también aborda los negocios de North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien estuvo bajo investigaciones estadounidenses por presunto lavado de dinero relacionado con fondos desviados de PDVSA. Según Reuters, un acuerdo entre Washington y la compañía contempla una participación estadounidense del 35 % en su empresa matriz y el derecho a adquirir el 20 % de su producción a precio de costo. Vitol reconoció mantener relaciones comerciales con NABEP, aunque aseguró que no existe un contrato de largo plazo. Un abogado de Betancourt sostuvo que las acusaciones contra su cliente han sido examinadas en distintas jurisdicciones sin que se hayan presentado cargos penales.
Las revelaciones han provocado cuestionamientos de legisladores demócratas, entre ellos Robert Garcia, integrante del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quien ha solicitado explicaciones sobre las circunstancias en que Vitol y Trafigura obtuvieron sus autorizaciones. Los congresistas también han planteado interrogantes sobre la posibilidad de que operadores petroleros hubieran recibido información anticipada sobre la intervención militar estadounidense. Ambas compañías rechazaron haber tenido conocimiento previo de la operación, mientras que la administración Trump defendió la rapidez de las adjudicaciones como una medida necesaria para estabilizar la economía venezolana y garantizar recursos para su transición.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la administración y comercialización de los recursos energéticos de Venezuela, después de décadas de opacidad y corrupción durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La ausencia de mecanismos competitivos de adjudicación, las relaciones entre operadores privados y figuras del poder político estadounidense, así como la falta de información pública sobre los márgenes comerciales, plantean nuevos desafíos para garantizar que los ingresos provenientes del petróleo venezolano sean gestionados con transparencia y en beneficio del país.
