La defensa de Nervis Villalobos, el exjerarca venezolano que fue viceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 a 2006, ha solicitado este lunes ante la Audiencia Nacional que se anule el juicio de Duro Felguera, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena para él de ocho años y nueve meses de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. “Soy inocente”, ha señalado ante el presidente de la Sala, Alfonso Guevara.
Esta es la primera sesión de esta vista oral, dedicada a ventilar las cuestiones previas, en la que se verá si la metalúrgica asturiana pagó comisiones y sobornos millonarios a funcionarios venezolanos que le permitieron adjudicarse la construcción en Caracas de una central termoeléctrica allá por 2009. Ya hay dos de los encausados que han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público. Uno de ellos es el expresidente de Duro Felguera Juan Carlos Torres, que ha aceptado una multa de 4.800 euros y al que, según fuentes fiscales consultadas, se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y de colaboración con la justicia. De inicio, el fiscal había pedido para él penas de 9 años y medio de cárcel y multa de 160 millones de euros.
La defensa de Villalobos ha explicado que a lo largo de la instrucción se han producido diversas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales, y ha puesto el foco en que determinados delitos, como las falsedades documentales que se le achacan, habrían prescrito cuando se presentó en 2017 la querella de los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.
En su exposición inicial, ha subrayado, además, que los magistrados deben anular la entrada y registro en la mercantil Duro Felguera porque esa diligencia parte de la entrega anónima en la Fiscalía de un pendrive y una carta en la que se hablaba de esos presuntos sobornos. Varios de los letrados de los encausados han puesto el foco en que no hubo una correcta custodia de ese material y no consta tampoco el registro del mismo a su entrada en Fiscalía, y, por tanto, todo lo que se hiciera tras su admisión debe anularse.
Además, la defensa ha sido dura contra los fiscales a los que ha afeado haber realizado un escrito de acusación “insuficiente”, que “no se entiende en absoluto”, y en el que no queda claro en qué participa cada uno, en qué consiste el blanqueo que les imputan, o si son corruptores iniciales o si se han beneficiado. Así, lamenta contradicciones porque en ocasiones Villalobos es funcionario o persona con poder en el gobierno de Chávez y en otros momentos es una parte privada: “Son noventa folios cruzados, desgarbados, con contradicciones”. A esto, ha sumado que los hechos, la adjudicación de una planta termoeléctrica, ya se han investigado en Venezuela y el asunto acabó en archivo.
Por su parte, la defensa de otro de los encausados, Javier Ochoa Alvarado, quien fue viceministro de Electricidad ha solicitado subsanaciones en el escrito de acusación del fiscal dado que él no ha reconocido los hechos a pesar de que sí ha tenido “una colaboración intensa” con el Ministerio Público. Además, ha sostenido que el contrato para la creación de esa central eléctrica en Caracas fue consecuencia de un acuerdo entre los estados de España y Venezuela por lo que los encausados no se concertaron.
Zapatero “se nos muere”
Para corroborar ese extremo, Ochoa Alvarado ha solicitado que se cite como testigos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Pretende desmontar que hubiera sobornos en la adjudicación. Pero el magistrado presidente, con cierta sorna ha rechazado esa petición al instante y sin escuchar la postura de la Fiscalía: “Si citamos al señor Moratinos y al señor Zapatero, se nos mueren”.
Por su parte, la defensa de Duro Felguera ha presentado una pericial sobre su sistema de cumplimiento y ha presentado dos cuestiones previas. En la primera, ha señalado que, si bien se le acusa a la persona jurídica de corrupción en las transacciones internacionales, la fecha cuando se habría consumado el presunto delito (2008) es anterior a la modificación legal que permitía que las empresas sí tuvieran responsabilidad penal (2010). A esto, ha sumado como segunda cuestión que podría darse una prescripción del delito que se le imputa.
La Fiscalía solicita para la metalúrgica la imposición de una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para ser contratada por el sector público durante dos años. El juicio se reanudará el miércoles con la respuesta de la Fiscalía a las cuestiones previas y con las primeras declaraciones testificales.
