El excongresista estadounidense David Rivera es condenado este viernes 2 de octubre a 10 años de prisión por su participación en una campaña secreta de cabildeo a favor del régimen de Nicolás Maduro durante el primer gobierno de Donald Trump. La jueza federal Melissa Damian dicta la sentencia en Miami, donde Rivera permanece encarcelado desde mayo, cuando un jurado lo declara culpable de todos los cargos, incluidos no registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero.
El caso gira en torno a un contrato de tres meses por 50 millones de dólares entre la consultora de Rivera y PDV USA, una filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según la fiscalía, el acuerdo sirve como cobertura para gestionar un acercamiento con Washington y buscar un cambio en la política de sanciones. Los fiscales señalan que Delcy Rodríguez, entonces canciller y actualmente presidenta interina de Venezuela, recurre a Rivera para aprovechar sus conexiones dentro del Partido Republicano.
Durante el juicio de siete semanas, el secretario de Estado Marco Rubio, amigo de larga data de Rivera, y el representante republicano Pete Sessions declaran que desconocían el contrato millonario. Según la acusación, Rivera y la consultora política Esther Nuhfer ocultan quién financia sus gestiones mientras intentan influir en funcionarios y legisladores. Las actividades incluyen la organización de reuniones para Rodríguez y contactos relacionados con la petrolera ExxonMobil.
La fiscalía también describe mecanismos destinados a encubrir las operaciones financieras, entre ellos documentos antedatados y acuerdos ficticios. Uno de esos acuerdos busca justificar una transferencia de 3.75 millones de dólares a una empresa encargada del mantenimiento del yate del empresario venezolano Raúl Gorrín. Los mensajes presentados al jurado muestran además un grupo de comunicación cifrada en el que los participantes emplean nombres en clave para identificar a dirigentes políticos y referirse a los pagos.
La defensa sostiene que el contrato corresponde a un trabajo comercial para promover el regreso de ExxonMobil a Venezuela y que, por ello, Rivera consideraba que no debía registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Sus abogados niegan que las reuniones políticas tuvieran como objetivo favorecer a Maduro. La jueza rechaza los argumentos para reducir el rango de la pena y caracteriza las operaciones examinadas como un caso de lavado de dinero.
Los abogados de Rivera anuncian que apelarán la condena y mantienen una solicitud de indulto presidencial presentada en junio. El excongresista enfrenta, además, cargos federales en Washington, D. C., en otro proceso relacionado con cabildeo extranjero.
