El acuerdo petrolero que Donald Trump presenta como el mayor de la historia enfrenta obstáculos legales, financieros y logísticos que comprometen su ejecución, según una investigación de The Guardian publicada el 26 de septiembre. La operación con North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad de Alejandro Betancourt López, genera cuestionamientos de expertos y exfuncionarios sobre las condiciones anunciadas por Washington y sus posibilidades de atraer inversiones al sector petrolero venezolano.
Una de las principales contradicciones afecta a la participación estadounidense. Aunque la Casa Blanca y el Departamento de Defensa anuncian una propiedad del 35 % de NABEP, un informe del Pentágono dirigido a legisladores describe derechos para adquirir acciones, no una participación accionarial ya materializada. La administración también sostiene que el Departamento de Estado podrá comprar a precio de coste el 20 % del petróleo que produzca la compañía, pero no está claro cómo se ejecutarán esas compras.
La estructura plantea además dudas sobre las facultades legales del Pentágono. Expertos consultados cuestionan que la Oficina de Capital Estratégico esté autorizada para adquirir participaciones en empresas privadas. Según un exfuncionario, la participación se canalizaría mediante otra oficina dedicada al fortalecimiento de la base industrial de defensa estadounidense. La duración del acuerdo también está en discusión: el jurista venezolano José Ignacio Hernández sostiene que el plazo de 100 años anunciado por Washington no puede aplicarse bajo la legislación venezolana, mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de 25 años.
Betancourt ocupa un lugar central tanto en el negocio como en las comunicaciones entre ambos gobiernos. Su abogado, Vel Freedman, confirma que el empresario actúa como intermediario entre Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela. La investigación repasa sus vínculos con Derwick Associates y los señalamientos sobre corrupción y lavado de dinero que han motivado escrutinio internacional. Freedman rechaza que su cliente haya pagado sobornos o se haya apropiado indebidamente de fondos y afirma que nunca ha sido acusado penalmente en Estados Unidos. El reportaje no logra confirmar el estado procesal de la investigación española.
La investigación también revela que autoridades venezolanas contrataron investigadores y hackers para rastrear el origen de los fondos de Betancourt. Fuentes y un documento de 2021 incluyen al empresario entre los objetivos de una operación informática. Su abogado no confirma las intrusiones y sostiene que, de haber ocurrido, deben entenderse en el contexto de la oposición de Betancourt al régimen de Nicolás Maduro. El Ministerio de Comunicación e Información venezolano no responde a la solicitud de comentarios.
En el plano económico, los especialistas consultados cuestionan que la estructura anunciada aporte nuevo capital al sector o permita reabastecer pronto la reserva estratégica de petróleo estadounidense. Phil Gunson, del International Crisis Group, señala que las dudas sobre los términos y la opacidad del acuerdo mantienen alejados a importantes inversores. El Pentágono defiende la operación como una oportunidad histórica, mientras el Departamento de Estado sostiene que se trata de un acuerdo entre privados y no de un pacto con el gobierno interino venezolano, una versión que contrasta con el anuncio inicial de Trump.
