El Compliance atraviesa una transformación que obliga a las organizaciones a mirar más allá del cumplimiento formal de leyes, políticas y procedimientos. Javier Puyol Montero, socio director de Puyol Abogados & Partners, abogado, magistrado en excedencia y exletrado del Tribunal Constitucional de España, sostiene que el verdadero desafío consiste en colocar a las personas —y no únicamente a las normas— en el centro de los sistemas de cumplimiento.
Puyol desarrolla esta visión en sus obras El Compliance, la gestión de crisis y la resiliencia corporativa y el tercer volumen de Estudios de Derecho de Compliance, publicadas por Tirant lo Blanch. Su planteamiento parte de la evolución experimentada en España desde la reforma del Código Penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y de la reforma de 2015, que reforzó la necesidad de establecer mecanismos eficaces de prevención. Sin embargo, considera que disponer de códigos éticos, canales de denuncia, protocolos y controles no garantiza por sí solo una verdadera cultura de cumplimiento.
La explicación está, según Puyol, en el comportamiento humano. Incluso personas que conocen las normas y comprenden las consecuencias de infringirlas pueden tomar decisiones incorrectas bajo la influencia de la presión jerárquica, los incentivos económicos, el miedo, la necesidad de pertenecer al grupo, el estrés, la fatiga o la ambición. De allí que proponga incorporar al Compliance herramientas procedentes de la inteligencia emocional, la psicología cognitiva, la economía conductual y la neurociencia para comprender no solo qué norma se incumple, sino por qué alguien decide incumplirla.
Este enfoque también alcanza a los partidos políticos y a las instituciones públicas. Puyol advierte que existe una diferencia sustancial entre disponer formalmente de un programa de Compliance y desarrollar una auténtica cultura de cumplimiento. En el caso de los partidos políticos españoles, sujetos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde 2015, identifica riesgos específicos relacionados con la financiación, la contratación pública, los conflictos de interés, la selección de candidatos, la protección de denunciantes, el tratamiento de datos personales y las relaciones con grupos de interés. Para las administraciones públicas plantea una cuestión similar: aunque no estén sometidas al mismo modelo de Compliance empresarial, gestionan recursos públicos y adoptan decisiones que afectan directamente a los ciudadanos, por lo que requieren mecanismos eficaces de integridad y prevención.
Otro punto central es la falsa oposición entre Compliance y rentabilidad. Puyol sostiene que el conflicto real no se produce entre cumplimiento y negocio, sino entre el beneficio inmediato y la sostenibilidad a largo plazo. Relajar controles puede facilitar operaciones o aumentar temporalmente los ingresos, pero también incrementar el riesgo de investigaciones, sanciones, procedimientos penales y crisis reputacionales capaces de destruir el valor construido durante años. Desde esta perspectiva, el Compliance debe funcionar como una herramienta de protección y gestión estratégica del riesgo.
La inteligencia artificial añade una nueva dimensión. Para Puyol, sería un error considerar que la IA solucionará automáticamente los problemas de cumplimiento, pero también reducirla exclusivamente a una fuente de nuevos riesgos. Su capacidad para transformar los sistemas de Compliance dependerá de las personas que diseñen, entrenen y supervisen estas herramientas, así como de los principios éticos con los que sean utilizadas. El reto, en definitiva, es pasar de organizaciones que simplemente pueden demostrar que poseen un programa de Compliance a organizaciones en las que el cumplimiento forme parte de su cultura cotidiana. Como resume el propio Puyol, la cuestión que debe orientar el análisis ya no es únicamente si un sistema cumple todos los requisitos legales, sino por qué puede fracasar aun cuando aparentemente los cumple.
