El gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización temporal de la aplicación de determinados controles bancarios sobre transacciones autorizadas con destino a Venezuela, con el objetivo de facilitar el envío de ayuda y apoyar la recuperación económica tras los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio.
La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), no representa un levantamiento de las sanciones vigentes contra Venezuela. El organismo informó que no adoptará medidas de cumplimiento, incluidas acciones por presuntas infracciones a la Ley de Secreto Bancario (BSA), contra instituciones financieras estadounidenses que procesen servicios financieros autorizados cuyo destinatario se encuentre en Venezuela. No obstante, las entidades deberán mantener controles razonables para prevenir operaciones ilícitas y continuar cumpliendo con las sanciones que permanecen en vigor.
La flexibilización estará vigente hasta el 29 de enero de 2027 y busca reducir las dificultades que enfrentan algunas instituciones bancarias para procesar operaciones humanitarias debido a restricciones relacionadas con la normativa contra el lavado de dinero.
En paralelo, la presidenta encargada del gobierno interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la banca pública y privada otorgará créditos hipotecarios a las personas que perdieron sus viviendas por los terremotos. El plan contempla un subsidio estatal del 80% para inmuebles con un valor de hasta 70.000 dólares, mientras que el 20% restante será financiado mediante créditos a 25 años. Para viviendas valoradas entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado subsidiará el 50% y el resto también podrá cancelarse en cuotas durante el mismo período.
Rodríguez indicó además que los propietarios de edificios destruidos conservarán sus derechos sobre los terrenos y anunció que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la creación de una jurisdicción especial para atender asuntos civiles relacionados con la propiedad y la identidad de las personas afectadas. También advirtió que el gobierno interino vigilará el mercado inmobiliario para evitar prácticas especulativas durante el proceso de reconstrucción.
El último balance oficial del gobierno interino de Venezuela cifra en 5.546 las personas fallecidas por los terremotos del 24 de junio. Por su parte, el Banco Mundial estimó recientemente que los daños físicos directos ocasionados por la emergencia alcanzan los 19.600 millones de dólares y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década.
