Una investigación publicada por The New York Times expone una grieta crítica en uno de los mercados más sensibles del sistema financiero global: el del oro. Según el reportaje, la Casa de la Moneda de Estados Unidos estaría incorporando a su cadena de suministro oro de origen extranjero —incluido material extraído ilegalmente y vinculado al crimen organizado— para la producción de monedas de inversión comercializadas como “100% estadounidenses”.
El hallazgo cuestiona directamente el principio de trazabilidad que sostiene la credibilidad de estos activos. Cada año, la Casa de la Moneda vende más de mil millones de dólares en monedas respaldadas por el gobierno, bajo la premisa de que el metal proviene exclusivamente de fuentes nacionales, como exige la legislación vigente desde 1985. Sin embargo, la investigación documenta cómo ese estándar ha sido sistemáticamente incumplido durante décadas.
El esquema descrito revela una cadena de “legalización” del oro ilegal que comienza en territorios controlados por el Clan del Golfo en Colombia. En zonas como Caucasia, la extracción se realiza con mercurio, en condiciones ambientalmente destructivas y bajo control de estructuras criminales que financian sus operaciones mediante este negocio. Una vez extraído, el oro entra en circuitos de compra locales donde, mediante registros administrativos —como el sistema de “barequeros”—, adquiere apariencia de legalidad.
Posteriormente, el metal es exportado, refinado y mezclado con oro de distintas procedencias en instalaciones en Estados Unidos, como la empresa Dillon Gage. Este proceso diluye su origen y permite que, bajo criterios de la industria, el producto final sea considerado “estadounidense”, pese a contener material de alto riesgo.
La investigación identifica flujos por cientos de millones de dólares en oro extranjero que han ingresado a esta cadena en los últimos años, incluyendo material proveniente de América Latina, África e incluso de operaciones vinculadas a gobiernos extranjeros. Parte del suministro también proviene de reciclaje de joyería y casas de empeño, cuya trazabilidad resulta prácticamente imposible de verificar.
El problema no es únicamente de origen, sino de supervisión. De acuerdo con auditorías internas del Departamento del Tesoro, durante al menos dos décadas la Casa de la Moneda no exigió a sus proveedores información detallada sobre el origen del oro. Tampoco aplicó mecanismos efectivos para verificar el cumplimiento de la ley, ni siquiera tras advertencias formales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que se iniciará una revisión de estas prácticas. Sin embargo, reconoció que cortar completamente el suministro extranjero resultaría inviable ante la creciente demanda global de oro, impulsada por la incertidumbre económica y geopolítica.
El caso pone en evidencia una dinámica más amplia: el auge del oro como activo refugio está alimentando indirectamente redes de crimen organizado, conflictos armados y economías ilícitas. Desde América Latina hasta África, el metal precioso se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para actores que operan al margen de la ley, mientras logra insertarse en mercados formales con relativa facilidad.
En este contexto, la distinción entre oro legal e ilegal se vuelve cada vez más difusa. Como advierte la investigación, esa diferencia existe, en muchos casos, solo en los documentos. Y cuando los controles fallan, incluso instituciones emblemáticas del sistema estadounidense pueden terminar siendo el último eslabón de una cadena de lavado global.
