Las evidencias que sostienen la acusación federal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos siguen aumentando en gravedad. Un informe reservado de la DEA expone con detalle la presunta arquitectura financiera, militar y logística que el exdictador venezolano consolidó con Irán durante años, una relación que ahora se perfila como una de las piezas más sensibles del expediente que avanza en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Con información de Infobae.
El dossier, elaborado a partir del análisis de más de 3.000 documentos oficiales y fuentes de inteligencia, describe una estructura opaca diseñada para evadir sanciones internacionales, financiar operaciones estatales iraníes y sostener redes híbridas de crimen transnacional y terrorismo con alcance en América Latina, Medio Oriente y circuitos financieros offshore.
Según el informe, la alianza Caracas-Teherán no se limitó a acuerdos diplomáticos o energéticos. La DEA sostiene que evolucionó hacia un sistema multifacético de cooperación que incluyó transferencia de tecnología militar, triangulación de equipos de doble uso, operaciones petroquímicas, uso de bancos corresponsales en Panamá, Uruguay, Dubái y Hong Kong, y presunto apoyo logístico a organizaciones como Hezbollah y Hamas.
Uno de los elementos más delicados del documento es la referencia a la Cuenca de Roraima como posible fuente estratégica de uranio, con reservas estimadas en 75.000 toneladas, que habrían sido objeto de levantamientos geológicos iraníes para alimentar el programa nuclear sancionado de Teherán. La DEA también sostiene que la triangulación con Argentina entre 2006 y 2014 habría servido para transferir maquinaria CNC, aleaciones especiales y conocimientos vinculados al agua pesada, elevando la dimensión geopolítica del caso.
El reporte enumera además diez áreas clave de cooperación entre ambos regímenes, entre ellas la transferencia de drones y misiles antibuque, la evasión de sanciones mediante fondos binacionales y fideicomisos, el uso de “fábricas socialistas” como estructuras de fachada, el apoyo documental y financiero a redes terroristas, la construcción de infraestructura logística y vuelos Caracas-Teherán, así como la presencia de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Venezuela para entrenamiento y represión interna.
Para los fiscales federales, este material fortalece la tesis de que el aparato dirigido por Maduro no solo articuló operaciones de narcotráfico con redes criminales regionales, sino que además las integró a una plataforma internacional alineada con los intereses estratégicos de Irán.
En paralelo, la defensa encabezada por Barry J. Pollack intentó frenar el avance del caso con un recurso basado en la Quinta y la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, alegando que la imposibilidad de acceder a fondos bloqueados vulnera el derecho a una defensa efectiva. Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein mantuvo viva la causa, dejando intactos los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.
