La etapa en la que las operaciones con criptomonedas podían mantenerse prácticamente invisibles para las autoridades fiscales está llegando a su fin. Así lo sostiene el informe Global Crypto Tax Report 2025, que analiza la evolución de la tributación de los criptoactivos y el surgimiento de nuevos mecanismos de control internacional.
El estudio señala que el cambio más relevante no es la convergencia de los impuestos entre países, sino la creación de una infraestructura global de intercambio de información fiscal que permitirá a las administraciones tributarias rastrear de forma fiable las tenencias y transacciones de criptomonedas y vincularlas a contribuyentes identificables, incluso cuando las operaciones se realicen en distintas jurisdicciones.
Este proceso está impulsado principalmente por el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF), promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como por nuevas obligaciones nacionales de reporte, entre ellas el formulario 1099-DA en Estados Unidos. Estos sistemas permitirán recopilar información sistemática sobre movimientos y activos digitales de usuarios identificados, algo que hasta ahora no existía a gran escala.
Según el informe, 75 jurisdicciones ya se han comprometido a aplicar el CARF. De ellas, 48 comenzarán el intercambio de información en 2027 y otras 27 lo harán en 2028, mientras que Estados Unidos prevé integrarse plenamente en el sistema en 2029. En paralelo, la Unión Europea aplicará desde enero de 2026 la directiva DAC8, que obliga a reportar información sobre criptoactivos en los 27 Estados miembros.
El nuevo marco implica que el cumplimiento fiscal dejará de ser un elemento secundario para plataformas y proveedores de servicios de criptomonedas y pasará a convertirse en un componente estructural de su actividad. El informe advierte que la presentación de reportes será uno de los principales factores de transformación del sector en los próximos años.
Aunque la tributación de las criptomonedas sigue siendo desigual entre países, el estudio identifica tres modelos predominantes. Un primer grupo mantiene regímenes fiscales nulos o muy reducidos, especialmente en jurisdicciones del Golfo, territorios del Caribe y algunas economías latinoamericanas. Un segundo grupo grava los criptoactivos como cualquier otro instrumento financiero, con tasas generalmente entre el 19 % y el 30 %. Finalmente, existe un conjunto de países que integra las ganancias cripto en el impuesto progresivo sobre la renta, lo que puede elevar la carga fiscal por encima del 50 %.
El promedio global se sitúa actualmente en torno al 11 % para las ganancias a largo plazo y el 17 % para las operaciones a corto plazo, aunque las diferencias entre jurisdicciones siguen siendo amplias. En Europa predominan los tipos fijos de nivel medio, mientras que algunos países ofrecen incentivos fiscales vinculados a la tenencia prolongada de criptoactivos, eliminando o reduciendo el impuesto después de determinados períodos.
El informe también destaca avances regulatorios recientes en distintas regiones. Entre 2024 y 2025, varios países elevaron sus gravámenes sobre las ganancias de capital o introdujeron nuevos impuestos específicos para las operaciones con criptomonedas, mientras que mercados emergentes han comenzado a formalizar marcos fiscales para este sector.
A pesar de estos cambios, todavía existen territorios donde las criptomonedas no tributan. Sin embargo, muchos de ellos ya participan en sistemas internacionales de intercambio de información, lo que implica que una fiscalidad nula no necesariamente significa ausencia de control por parte de las autoridades tributarias.
El estudio recuerda además que en algunos países la actividad con criptoactivos está directamente prohibida, lo que en la práctica convierte cualquier operación en un riesgo penal, aunque los usuarios de estas jurisdicciones continúan apareciendo en los registros globales de blockchain y en plataformas centralizadas que operan a nivel internacional.
